Vecinos de Villa de Pozos han alzado la voz para denunciar una red de condicionamiento y control político operada presuntamente por líderes locales vinculados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes restringen la distribución de agua potable mediante pipas a las familias que no se alinean o afilian a su proyecto partidista.
Los testimonios directos de los afectados exponen cómo el acceso a este recurso indispensable ha dejado de ser un derecho para convertirse en una moneda de cambio electoral. Según detallan los residentes, coordinadores sectoriales del partido del tucán administran las rutas de reparto favoreciendo exclusivamente a sus simpatizantes y negando el servicio a quienes habitan en calles identificadas con otras fuerzas políticas o que se mantienen apartados de la militancia partidaria.
«Pasan las pipas y, si saben que no eres de su partido, simplemente no se detienen», relató una vecina de las inmediaciones de la colonia Los Silos, en el municipio de Villa de Pozos, quien describió cómo los encargados de la distribución utilizan trabas burocráticas y técnicas para excluir a los ciudadanos. «Incluso cuando cumplimos con el requisito de tramitar un folio de solicitud, inventan excusas asegurando que el cargamento está destinado a otras vialidades«.
La inconformidad social escala debido a que los hogares perjudicados cumplen formalmente con el pago de sus contribuciones e impuestos ante los organismos operadores correspondientes, recibiendo a cambio desabasto y presiones de carácter político. Los afectados califican estas conductas como una medida abusiva e inmoral que atenta de forma directa contra la salud, la dignidad y la economía de las familias de escasos recursos.
Esta práctica de coacción contraviene las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el país, los cuales blindan el acceso, disposición y saneamiento del agua como un derecho humano fundamental que debe proveerse de manera salubre, suficiente y asequible, libre de cualquier sesgo e ideología partidista.
Ante la gravedad de las acusaciones, ciudadanos y activistas locales exigen que las autoridades competentes inicien una investigación exhaustiva e independiente para frenar el uso patrimonialista de los servicios públicos, advirtiendo que los recursos esenciales de la población no pueden seguir siendo utilizados como un garrote de presión para el control político de la entidad.
