El debate sobre el uso de la tecnología con fines políticos se mantiene en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. El legislador Héctor Serrano lanzó un señalamiento directo en contra del presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, a quien responsabilizó de ser el autor intelectual detrás de una serie de videos creados con Inteligencia Artificial que critican la administración estatal. Sin embargo, la veracidad y el fundamento ético de este discurso han quedado bajo el escrutinio público debido a la ausencia de elementos probatorios que sostengan la acusación.
Quienes critican la postura del congresista argumentan que utilizar la tribuna legislativa para emitir imputaciones de tal gravedad, sin el respaldo de evidencias verificables o procesos jurídicos formales, representa una ligereza que debilita la investidura parlamentaria. Desde esta perspectiva, el señalamiento se percibe como una estrategia de descalificación que carece del rigor que la ciudadanía espera de sus representantes populares, dejando en manos de la opinión pública juzgar si este comportamiento se alinea con la responsabilidad política exigida.
Por otro lado, el panorama de la comunicación digital en la entidad añade un matiz complejo a la controversia. Diversos análisis y sectores señalan que el discurso oficialista muestra una indignación selectiva en torno al uso de herramientas digitales. Esto se debe a que existen antecedentes documentados sobre plataformas vinculadas al entorno del gobierno estatal que emplean sistemáticamente la Inteligencia Artificial con el propósito de demeritar y ridiculizar la figura del alcalde capitalino.
La contradicción entre el silencio institucional ante los ataques dirigidos hacia el gobierno municipal y el intento de señalar o regular la crítica hacia el Ejecutivo estatal ha generado cuestionamientos sobre un posible sesgo en la interpretación del abuso del poder digital. Ante un escenario donde las herramientas tecnológicas son utilizadas por múltiples actores de la escena pública, corresponde a los ciudadanos evaluar los motivos de fondo detrás de estas denuncias y determinar la congruencia de los discursos emitidos desde el poder.
