El Congreso del Estado de San Luis Potosí revisará la próxima semana la ruta jurídica para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que ordenó dictaminar en un plazo de tres meses la iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como Ley Santi.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Roberto García Castillo, informó que los coordinadores parlamentarios analizarán el alcance de la sentencia y las acciones necesarias para atender el mandato judicial, luego de que el tribunal determinó que el Poder Legislativo incurrió en omisión al no resolver la propuesta presentada desde marzo de 2024.
La resolución surgió a partir de un juicio promovido por colectivos de movilidad, cuyos integrantes argumentaron que la falta de avance legislativo afectó su derecho a la participación ciudadana y a presentar iniciativas de ley. Tras analizar el caso, el TEE declaró fundada la omisión y ordenó al Congreso continuar el procedimiento legislativo hasta emitir un dictamen, sin establecer un sentido específico para la decisión final.
García Castillo aseguró que el Congreso acatará la resolución y revisará los mecanismos legales para atenderla, además de analizar el trabajo realizado por las comisiones legislativas involucradas en el proceso de estudio de la iniciativa.
El legislador explicó que diversos proyectos legislativos han enfrentado retrasos debido a la necesidad de realizar consultas obligatorias, requisito que aplica en determinados temas antes de que el Congreso pueda emitir una resolución definitiva. Señaló que actualmente el Poder Legislativo trabaja en la definición de protocolos relacionados con esos procedimientos.
Según explicó, el Congreso ya avanza en la construcción de mecanismos que permitan agilizar las consultas legislativas, un aspecto que, afirmó, ha frenado el avance de varias iniciativas durante los últimos meses.
Aunque indicó que aún esperaba la notificación formal de la sentencia, García Castillo adelantó que solicitará la información correspondiente para definir una postura institucional durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde se abordará específicamente el cumplimiento del fallo judicial.
Respecto a la participación de los colectivos que impulsaron la Ley Santi, el diputado consideró que el Congreso deberá escuchar nuevamente a los distintos sectores involucrados para enriquecer el análisis y la construcción del dictamen correspondiente.
La iniciativa ciudadana busca establecer una legislación estatal enfocada en la prevención de siniestros viales, el desarrollo de infraestructura segura, el fortalecimiento del transporte público y la accesibilidad para todas las personas. Su discusión permaneció pendiente incluso después de que el Congreso aprobó parcialmente la armonización de la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La resolución del Tribunal Electoral coloca nuevamente la Ley Santi en la agenda legislativa estatal y obliga al Congreso a definir una ruta de trabajo para resolver una propuesta que permanece sin dictamen desde hace más de dos años.
