En un ejercicio de amnesia política y conveniencia discursiva, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha puesto bajo la lupa de la Contraloría General del Estado el proyecto vial de la zona del Saucito, denunciando un presunto «sobrecosto». Sin embargo, el mandatario estatal omite deliberadamente un factor elemental en la economía y la obra pública: el impacto del tiempo en los costos de construcción tras casi una década de parálisis.
El jefe del Ejecutivo estatal cuestionó que el Ayuntamiento de la capital pretenda ejercer más de 300 millones de pesos en una obra civil cuyo valor estimado inicial —hace ya nueve años— se situaba en los 224 millones de pesos. Al calificar esta disparidad como una «inconsistencia presupuestal», Gallardo Cardona convenientemente deja fuera de la ecuación que cualquier proyecto de infraestructura sufre un incremento natural en sus insumos, maquinaria y mano de obra tras casi una década de retraso. El gobernador atribuye las críticas a su administración al inicio anticipado de las dinámicas electorales rumbo a 2027, escudándose en un discurso de «fiscalización y transparencia» que contrasta drásticamente con la herencia de corrupción que arrastra su propio apellido en esa misma zona.
El verdadero origen del retraso: El fraude de Gallardo Juárez
La razón por la cual la obra del Saucito no se construyó en su momento y hoy cuesta el doble no es un misterio técnico; es el resultado directo de la corrupción y el desvío de recursos públicos operados durante el trienio de su padre, el entonces alcalde perredista Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018).
En 2018, la administración entrante de Xavier Nava denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) un monumental esquema de corrupción institucional que sepultó el proyecto original en la Calzada Fray Diego de la Magdalena. En aquel entonces, el gobierno federal asignó una partida de 130 millones de pesos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Ramo General 23). La gestión de Gallardo Juárez, mediante la Dirección de Obras Públicas a cargo de Leticia Vargas Tinajero, declaró desiertas dos licitaciones consecutivas para poder entregar el contrato de forma directa a la empresa Servicios de Arquitectura y Construcción.
Inmediatamente después, la tesorería de Gallardo Juárez liberó un anticipo del 50% del valor de la obra, equivalente a 112.9 millones de pesos líquidos. A pesar de que la obra jamás inició debido a la falta de estudios de impacto ambiental y a un amparo federal promovido por los vecinos para proteger el Templo del Saucito, la administración del padre del hoy gobernador esfumó el dinero público.
La telaraña de simulación y empresas fantasma
Las investigaciones forenses de la contraloría interna, comandada en su momento por José Mejía, y las acciones legales de la síndica Alicia Vázquez revelaron que el dinero se pulverizó en una red de 18 empresas subcontratadas, en su mayoría foráneas. Los libros contables del gallardismo documentaron una simulación descarada:
- 55 millones de pesos facturados por compras simuladas de materiales de construcción que nunca ingresaron a los almacenes.
- 42 millones de pesos en subcontrataciones ficticias para trabajos de ingeniería que jamás se realizaron.
- 3 millones de pesos pagados por señalética vial fantasma y volúmenes de obra inexistentes.
- 1.6 millones de pesos desembolsados para cubrir impuestos sin soporte fiscal.
- Nóminas millonarias de trabajadores que jamás pisaron el suelo potosino.
A pesar de que en septiembre de 2018 se firmó un finiquito por terminación anticipada del contrato, la empresa retenía el anticipo millonario sin haber movido una sola palada de tierra. El desfalco final denunciado superó los 106 millones de pesos.
Un daño resarcitorio que pagaron los ciudadanos
La consecuencia más grave del actuar de la administración de Gallardo Juárez no la pagaron los funcionarios que orquestaron el fraude, sino los bolsillos de los potosinos. Al no ejecutarse la obra ni comprobarse el gasto de los subsidios federales, la Auditoría Superior de la Federación obligó a devolver el capital original con actualizaciones inflacionarias y recargos moratorios.
Para evitar el congelamiento de sus participaciones federales, el municipio se vio forzado a desviar recursos propios del gasto corriente para pagar la deuda heredada por el gallardismo. Un doble pago histórico de la ciudadanía para solventar un desfalco del pasado. Aunque se lograron recuperar 55.7 millones de pesos de contratistas locales, 14 corporaciones foráneas evadieron su responsabilidad, dejando un boquete financiero directo de más de 57 millones de pesos.
Hoy, mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona rasga las vestiduras de su administración exigiendo cuentas al ayuntamiento actual por el aumento de los costos, pasa por alto que el Saucito es el monumento viviente a la simulación financiera de su progenitor. El incremento del presupuesto actual no es un capricho municipal; es la factura económica que el tiempo y la impunidad le cobraron a San Luis Potosí por un puente que solo existió en los discursos de la dinastía Gallardo y en las facturas de sus empresas fantasma.
