La secretaria de Educación, Capacitación y Formación Política de Morena en San Luis Potosí, Roxana Hernández Herrera aseguró que la investigación abierta en su contra forma parte de una persecución política dirigida a silenciar voces críticas del actual gobierno estatal. La activista afirmó que, pese a no ser periodista ni administradora de medios digitales, ha mantenido una postura pública de cuestionamiento hacia diversas decisiones gubernamentales, lo que considera el verdadero motivo detrás del proceso judicial.
Hernández Herrera reveló que tuvo conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión el pasado 21 de mayo, luego de que circulara en redes sociales la carátula de una carpeta de investigación donde aparecía su nombre junto al de otras diez personas. Tras consultar con el equipo jurídico que la acompañó durante la defensa de la Sierra de San Miguelito, confirmó que existían mandamientos judiciales, por lo que decidió resguardarse mientras promovía un amparo para proteger su integridad.
La integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena sostuvo que la acusación por presunto ejercicio ilícito de funciones públicas resulta incongruente, debido a que nunca ha ocupado un cargo dentro de la administración pública. Recordó que su trayectoria ha estado vinculada al activismo social y la defensa de derechos humanos, especialmente en causas ambientales como la protección de la Sierra de San Miguelito.
La investigación se desarrolla en el contexto de la llamada «Ley Serrano», reforma al Código Penal aprobada en noviembre de 2025, que sanciona el uso indebido de inteligencia artificial y la difusión dolosa de contenidos falsos generados mediante esta tecnología. Diversos sectores han advertido que la redacción de la norma podría dar pie a interpretaciones discrecionales que afecten el ejercicio de la libertad de expresión.
El caso generó preocupación entre organismos defensores de derechos humanos y periodistas. La organización Artículo 19 manifestó su inquietud por el posible efecto inhibidor sobre la libertad de prensa y de expresión en San Luis Potosí, mientras que medios internacionales dieron seguimiento a los acontecimientos ante el temor de nuevas acciones judiciales contra comunicadores, activistas y creadores de contenido. Por su parte, la Fiscalía General del Estado negó la existencia de una persecución y rechazó que existan más investigaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial.
Hernández Herrera relató que durante varias semanas permaneció resguardada junto a su familia mientras esperaba la suspensión provisional del amparo. Aseguró que la medida respondió a razones de seguridad y no a una intención de evadir la justicia, pues considera que existen antecedentes de detenciones derivadas de procesos similares contra personas defensoras de derechos humanos.
La dirigente morenista también cuestionó la actuación de algunos legisladores de su partido durante la aprobación de la reforma penal. Calificó como un «error grave» el respaldo otorgado por parte de diputados de Morena a una legislación que, afirmó, hoy exhibe riesgos para las garantías constitucionales, aunque destacó que hubo voces dentro de la bancada que advirtieron sobre sus posibles consecuencias.
Respecto al origen de la denuncia, señaló que aún desconoce quién promovió formalmente la investigación debido a que hasta ahora no ha tenido acceso completo a la carpeta correspondiente, situación que ha obligado a su defensa a interponer recursos legales para obtener información sobre los hechos y los delitos que presuntamente se le imputan.
Pese al escenario que describe como adverso, Roxana Hernández sostuvo que no modificará su actividad política ni su postura crítica en espacios públicos y redes sociales. Afirmó que el miedo no debe convertirse en un mecanismo para inhibir la participación ciudadana y reiteró que continuará señalando aquello que considere injusto o contrario a los derechos de la población.
Finalmente, envió un mensaje a quienes observan con preocupación el estado de las libertades en la entidad. «Tenemos que seguir siendo una voz crítica», expresó, al considerar que la organización social y la participación activa son fundamentales para construir un Estado más justo y con mayores garantías democráticas.
