El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) determinó la aplicación de medidas cautelares dentro del expediente PSE-01/2026, derivado de una denuncia por presunta violencia política en razón de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez. Se trata del primer caso en San Luis Potosí que analiza este tipo de conductas dirigidas a una mujer en funciones jurisdiccionales.
La decisión fue aprobada el 21 de marzo por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, luego de un análisis preliminar que vincula hechos ocurridos durante una diligencia en un juzgado familiar con su posterior difusión en redes sociales y plataformas digitales. De acuerdo con el expediente, la juzgadora reportó agresiones verbales, presiones y descalificaciones por parte de litigantes, situación que posteriormente se amplificó mediante publicaciones, videos y comentarios en internet.
El órgano electoral identificó la circulación reiterada de contenidos en distintos espacios digitales, incluyendo el portal San Luis al Minuto y páginas de Facebook como Central San Luis. En estos materiales, señaló, la jueza aparece en contextos de confrontación que podrían ir más allá del interés informativo y colocarla en una posición de descrédito o cuestionamiento sobre su desempeño.
Según el análisis de la autoridad, la forma en que se presentaron estos contenidos podría rebasar el escrutinio público legítimo, al incorporar elementos que reproducen estereotipos de género o formas de violencia simbólica contra una mujer en funciones públicas.
Ante este escenario, el Ceepac ordenó medidas preventivas para evitar la continuidad de conductas que puedan afectar los derechos político-electorales de la denunciante, en particular su derecho a ejercer el cargo libre de violencia. Entre las disposiciones se incluye la instrucción de abstenerse de emitir expresiones que puedan constituir violencia política de género, así como la eliminación de contenidos digitales que refuercen mensajes de intimidación, estigmatización o descalificación.
Asimismo, el organismo subrayó que el caso se analiza con perspectiva de género, lo que implica considerar contextos de desigualdad y evitar la reproducción de prejuicios, con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a desempeñar funciones públicas sin violencia.
