El impuesto ambiental en San Luis Potosí registra un desempeño muy inferior al esperado durante el arranque de 2026. De una meta cercana a los 50 millones de pesos, la recaudación apenas supera los 3 millones en el primer trimestre, lo que equivale aproximadamente al 6 por ciento del objetivo anual, según reconoció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El bajo nivel de ingresos pone en entredicho la capacidad de este gravamen para financiar acciones ambientales en el corto plazo. El propio mandatario admitió que, con los recursos captados hasta ahora, no es posible sostener programas significativos en la materia.
Aunque el Ejecutivo estatal mencionó inicialmente un avance del 20 por ciento, la proporción real, al contrastar lo recaudado frente a la meta total, refleja un rezago mucho mayor. Este desfase, además de evidenciar limitaciones en la captación, apunta a un bajo nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes.
De acuerdo con el gobernador, la falta de pago no obedece únicamente a factores administrativos, sino también a una escasa cultura ambiental. Señaló que gran parte de los obligados —principalmente empresas con fuentes fijas de emisión— no han cumplido con esta contribución, lo que ha frenado la recaudación.
El impuesto ambiental entró en vigor el 1 de enero de 2025 y aplica a personas físicas y morales que generan emisiones contaminantes a la atmósfera. Para 2026, mantiene una cuota base de tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) por tonelada de dióxido de carbono o su equivalente, además de exigir declaraciones mensuales y una anual a través de la plataforma de la Secretaría de Finanzas.
El esquema contempla sanciones en caso de incumplimiento, que van desde multas por omitir declaraciones —incluso en ceros— o realizar pagos fuera de plazo, hasta recargos, actualizaciones y posibles clausuras temporales o definitivas en casos reiterados.
Ante este panorama, el gobierno estatal prevé endurecer la aplicación del impuesto. Se anticipa que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), en coordinación con Protección Civil, refuerce las labores de supervisión, no solo con un enfoque sancionador, sino también preventivo, mediante la elaboración de diagnósticos de riesgo y lineamientos para que las empresas cumplan con la normativa.
Adicionalmente, la Ley de Ingresos de este año incorporó ajustes en los estímulos fiscales, con el objetivo de incentivar la reducción de emisiones y la adopción de tecnologías limpias, incluyendo posibles beneficios para quienes se mantengan por debajo de ciertos niveles contaminantes.
El comportamiento del impuesto en sus primeros meses refleja retos tanto en la recaudación como en la implementación de políticas ambientales, en un contexto donde los ingresos proyectados aún están lejos de concretarse.
