La organización Ciudadanos Observando denunció presuntas irregularidades en los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al señalar que la actual titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, habría permitido la contratación de una empresa señalada como fantasma o simuladora de operaciones.
De acuerdo con la investigación difundida por la organización, la empresa Comercial DTP del Centro S.A. de C.V. recibió pagos por 381 mil 700 pesos durante 2023 por parte de los Servicios de Salud, mientras que en 2025 volvió a ser contratada para trabajos de mantenimiento y conservación de inmuebles por un monto de 761 mil 743 pesos. En total, los contratos suman un millón 143 mil 443 pesos.
Según Ciudadanos Observando, la razón social tiene registrada como dirección fiscal un domicilio ubicado en la calle Kriptón 153, en la colonia Valle Dorado de la capital potosina. Sin embargo, tras acudir al lugar, integrantes de la organización aseguraron que en el sitio únicamente opera una pequeña tienda de abarrotes y que las personas presentes desconocen la existencia de alguna empresa con ese nombre.
La agrupación cuestionó los mecanismos mediante los cuales dependencias estatales autorizan contrataciones con este tipo de proveedores, al considerar que existen inconsistencias entre la actividad reportada y la ubicación física registrada.
Asimismo, la investigación sostiene que Comercial DTP del Centro S.A. de C.V. también habría recibido pagos en otras instancias públicas. Entre ellas, menciona al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto por conceptos relacionados con medicamentos y material de curación; a la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí por gastos operativos; y al Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde presuntamente obtuvo pagos en 2025 por mantenimiento a equipos de aire acondicionado.
Ciudadanos Observando advirtió que el uso de empresas fantasma o simuladoras en gobiernos estatales y municipales puede facilitar el desvío de recursos públicos, ocultar a los beneficiarios reales de contratos, afectar a empresas legítimas y deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
