La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado aclaró que el Poder Legislativo no posee atribuciones jurídicas para suspender la subasta de predios que promueve el Ayuntamiento de San Luis Potosí. El presidente de dicha comisión, César Lara Rocha, explicó que una reforma constitucional aplicada desde 2018 retiró al Congreso la facultad de autorizar la venta de bienes municipales, devolviendo dicha competencia de forma exclusiva a los ayuntamientos bajo el principio de autonomía.
A pesar del impedimento legal para intervenir de manera directa, los legisladores potosinos buscan alternativas para vigilar la legalidad del procedimiento y atender las quejas de los comités vecinales. La diputada Leticia Vázquez Hernández propuso solicitar la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado para auditar la subasta de los inmuebles, con el objetivo de corroborar que el proceso cumpla la normatividad vigente y vigilar que el dinero obtenido no se desvíe a gasto corriente.
El descontento social por la enajenación de terrenos públicos escaló debido a la falta de transparencia de las autoridades municipales sobre el destino de las áreas de donación y uso común. Habitantes de fraccionamientos como Puerta de Piedra recurrieron al Congreso para exigir la instalación de mesas técnicas de aclaración, un conflicto que los diputados consideran un problema social derivado de la falta de diálogo del Ayuntamiento, mientras avanza un juicio de amparo que ya otorgó una suspensión provisional contra la venta de los terrenos.
