La reforma electoral que se analiza en San Luis Potosí no busca crear una nueva legislación, sino armonizar el marco jurídico estatal con las modificaciones aprobadas a nivel federal, afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), Denisse Porras Guerrero.
La titular del organismo explicó que los ajustes responderán a los nuevos retos que enfrentan los partidos políticos y las autoridades electorales, incorporando principios fundamentales como la paridad de género, la revocación de mandato y una representatividad plural efectiva dentro de los procesos democráticos locales.
Porras Guerrero detalló que, tras diversas mesas de análisis con autoridades electorales y representantes del Poder Legislativo, la propuesta de reforma podría quedar lista durante junio, antes del inicio del próximo proceso electoral, con el objetivo de que San Luis Potosí cuente con una normativa actualizada y acorde con la evolución del sistema electoral nacional.
«No se trata de una nueva ley electoral, sino de realizar las armonizaciones necesarias para que San Luis Potosí no se quede atrás y tenga actualizadas las reformas en lo local», señaló la magistrada.
Asimismo, indicó que la construcción de esta reforma requiere identificar los puntos coincidentes entre las disposiciones federales y estatales, además de perfeccionar los procedimientos para garantizar condiciones más equitativas en la competencia política y fortalecer la representación ciudadana en todos los cargos de elección popular.
La presidenta del TEESLP destacó que la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos deben convertirse en pilares de los procesos electorales, ya que estos mecanismos permiten fortalecer la confianza ciudadana y brindar certeza sobre el desarrollo de las elecciones.
«La rendición de cuentas no sólo legitima el actuar de las autoridades, sino que le da la confianza a la ciudadanía de saber que las cosas se hacen bien«, puntualizó.
Finalmente, Denisse Porras Guerrero subrayó que la administración de los recursos destinados a la organización electoral debe orientarse hacia la optimización, racionalización y transparencia del gasto, con el propósito de garantizar elecciones eficientes y responsables ante la sociedad.
