El promotor del movimiento de remunicipalización, Gaspar Méndez Ramírez, denunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó de manera ilegal al ignorar la jurisprudencia aplicable para la revisión del caso Villa de Pozos. El regidor concejal destituido argumentó que el máximo tribunal del país otorgó de forma errónea la facultad de impugnación al síndico que actualmente se encuentra en funciones, cuando los criterios legales vigentes establecen con claridad que dicha representación jurídica le corresponde en exclusividad al síndico que se apartó de su cargo por el Poder Legislativo.
Méndez Ramírez desmintió de forma categórica las declaraciones del diputado local Héctor Serrano Cortés, quien aseguró previamente que el Poder Judicial federal había respaldado la destitución del Concejo Municipal que ejecutó el Congreso del Estado. El exfuncionario potosino aclaró que la Corte nunca validó la disolución del cuerpo colegiado, sino que sus resoluciones se enfocaron en el polémico actuar de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien mantuvo congelada la controversia constitucional por un periodo inusual de 50 días en lugar de los plazos habituales de cinco días hábiles.
El exconcejal detalló que la decisión de los ministros contradice directamente la tesis de jurisprudencia P./J.33/2003, un lineamiento histórico que protege a los ayuntamientos o concejos declarados desaparecidos. Bajo esta norma protectora, el síndico depuesto mantiene de forma intacta su personalidad jurídica para controvertir los actos de las autoridades estatales, debido a que los funcionarios entrantes carecen de un interés legítimo para defender la integración original de la administración afectada.
Esta resolución del tribunal constitucional sienta un precedente de alto riesgo que permite a los gobiernos locales desintegrar administraciones municipales a su conveniencia, violentando con ello el orden constitucional de la República, según advirtió el activista. Méndez Ramírez concluyó que la resistencia jurídica en la delegación potosina continuará firme, debido a que el proceso para consolidar el gobierno autónomo de Villa de Pozos recibió un golpe político irregular que vulnera la estabilidad de las instituciones locales.
