El Ayuntamiento de San Luis Potosí absorbe un severo impacto financiero cada vez que el acueducto El Realito sufre una avería. El alcalde Enrique Galindo Ceballos advirtió que la parálisis del sistema no solo deja secas a miles de familias, sino que obliga al municipio a costear operativos emergentes de distribución que alteran las finanzas locales, a pesar de que la ciudad solo es receptora del líquido y no la responsable de la infraestructura.
Ante las constantes fallas, el presidente municipal urgió a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a aplicar penalizaciones severas a la empresa concesionaria y suspender de inmediato los pagos por el volumen de agua que no se entrega. Galindo Ceballos lamentó que, al ser un contrato directo entre el Gobierno del Estado y la operadora privada, la administración capitalina carece de facultades legales para intervenir o presionar jurídicamente, quedando muchas veces ignorada en sus reclamos.
Para frenar el desbasto, la alcaldía se ve forzada a desplegar un costoso esquema de pipas en las colonias afectadas, lo que eleva el gasto operativo de la ciudad. Como solución de fondo, el edil propuso reestructurar el contrato para dar voz al municipio en la toma de decisiones, permitiéndole exigir un mantenimiento preventivo real a la planta y garantizar que el servicio a los hogares potosinos deje de ser una moneda al aire.
