Desmantelar o fragmentar el organismo Interapas no resolvería los problemas del servicio de agua potable y podría generar mayores desigualdades en la zona metropolitana de San Luis Potosí, afirmó el presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García. El especialista sostuvo que la propuesta planteada desde el Gobierno del Estado representa un riesgo para la gobernanza del recurso hídrico y carece de un sustento técnico suficiente.
Las declaraciones surgen tras la publicación del diagnóstico del observatorio Radar del Agua, que otorgó a Interapas una calificación de eficiencia de 30.2 por ciento. Quintero García consideró que el estudio confirma problemas que especialistas y usuarios han señalado desde hace años, como infraestructura obsoleta, pérdidas de agua cercanas al 50 por ciento por fugas, deficiencias en la atención ciudadana y una gestión operativa limitada.
El investigador señaló que la crisis del agua en la zona metropolitana no responde únicamente a la sequía, sino también a fallas institucionales y administrativas que han afectado el desempeño del organismo operador.
No obstante, advirtió que la solución no consiste en dividir Interapas entre los municipios, ya que esa medida podría responder más a intereses políticos, administrativos y electorales relacionados con el control del recurso hídrico que a una estrategia integral para atender la problemática.
Quintero García explicó que el sistema hidráulico metropolitano funciona de manera interdependiente entre los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro, por lo que separar su administración implicaría romper la coordinación en el manejo de fuentes de abastecimiento, redes de distribución, infraestructura y sistemas de saneamiento.
Añadió que fragmentar el organismo elevaría los costos operativos, duplicaría estructuras administrativas y dificultaría la planeación de inversiones, además de reducir las economías de escala necesarias para operar un sistema de esa magnitud.
El presidente del CHE también alertó sobre el riesgo de incrementar la desigualdad en el acceso al agua, ya que San Luis Potosí concentra la mayor parte de la infraestructura, el personal especializado y las capacidades técnicas, mientras que municipios como Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro no cuentan con los recursos suficientes para administrar de manera independiente un sistema de abastecimiento de esta complejidad.
A ello se suma, dijo, la competencia entre los distintos usos del agua, especialmente durante los periodos de sequía. Explicó que sectores industriales y comerciales suelen mantener sus volúmenes de extracción mediante concesiones existentes, mientras que el consumo doméstico enfrenta tandeos y restricciones, por lo que cualquier reforma deberá incluir mecanismos de transparencia, redistribución del recurso y prioridad para el uso humano.
Quintero García sostuvo que la evidencia nacional e internacional demuestra que los organismos operadores más eficientes no son necesariamente los más pequeños, sino aquellos que cuentan con autonomía técnica, suficiencia financiera, planeación de largo plazo, transparencia, rendición de cuentas y evaluación permanente.
En ese sentido, planteó que Interapas requiere una reingeniería institucional profunda, enfocada en la modernización de la infraestructura, la reducción de pérdidas físicas de agua, la digitalización de procesos, la profesionalización del personal, mejores sistemas de atención ciudadana, indicadores de desempeño y mecanismos efectivos de participación social.
El especialista también señaló que la propuesta de fragmentar el organismo resulta incongruente con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el cual establece un modelo de gestión integral del agua con enfoque de cuenca, basado en la coordinación regional, la protección de zonas de recarga y la planeación metropolitana.
Finalmente, afirmó que la prioridad debe ser fortalecer a Interapas y no sustituir un problema de gestión por uno de gobernanza, ya que dividir el organismo podría debilitar la planeación integral, aumentar las brechas territoriales en el acceso al agua y complicar la atención de uno de los principales desafíos ambientales de la región.
