La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de combustible. La fiscal Ernestina Godoy informó que la investigación identifica esta operación como la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora y estima un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con la FGR, la organización importaba gasolina y diésel desde refinerías de Texas y declaraba únicamente el 10 por ciento del combustible que ingresaba a México. La red utilizaba carros tanque de ferrocarril con capacidad de hasta 110 mil litros, pero en los pedimentos aduanales reportaba alrededor de 10 mil litros, lo que permitía evadir el pago de impuestos y contribuciones federales.
La Fiscalía señaló que las operaciones ingresaban al país por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, mediante empresas que presentaban documentación con volúmenes inferiores a los realmente transportados. Según la investigación, la estructura surgió de una empresa vinculada a actividades portuarias fundada por Ruffo Appel, la cual posteriormente amplió sus operaciones hacia la importación de derivados del petróleo.
La FGR documentó la participación de agentes aduanales, operadores logísticos y servidores públicos que presuntamente facilitaron el ingreso del combustible sin las revisiones correspondientes. Como resultado de la investigación, la autoridad obtuvo 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la de Ricardo Thompson Navarro, detenido el mismo día que el exgobernador.
La investigación contabilizó 4 mil 238 operaciones de importación entre enero y julio de 2025. En ese periodo, el volumen real de diésel introducido al país superó más de diez veces el autorizado, mientras que la gasolina regular rebasó en más de tres veces y media los permisos registrados.
Una vez en México, la organización trasladaba el combustible por ferrocarril hasta espuelas ferroviarias, donde descargaba el producto para distribuirlo en pipas y tractocamiones sin contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Posteriormente, las empresas involucradas enviaban el hidrocarburo principalmente a Coahuila, Durango y Zacatecas.
La FGR indicó que la investigación inició tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, durante un operativo realizado en julio de 2025 con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pemex, Protección Civil y la Agencia Nacional de Aduanas.
Según las indagatorias, la red dejó de declarar aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible y utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para introducir el hidrocarburo sin cubrir las contribuciones correspondientes. Las operaciones se extendieron a Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
La Fiscalía también detectó una estructura financiera diseñada para ocultar el origen de los recursos. De acuerdo con la investigación, una empresa concentraba los ingresos y posteriormente transfería el dinero a compañías extranjeras mediante un esquema de triangulación financiera.
El análisis identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. La FGR explicó que las llamadas «cuentas puente» recibían y transferían los recursos casi de inmediato para dificultar el rastreo del dinero y de sus beneficiarios.
Como resultado del primer bloque de investigación, la FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel y a otras cuatro personas, mientras continúa la ejecución del resto de las órdenes de captura derivadas del caso.
La detención provocó reacciones de distintos actores políticos. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el Gobierno federal utiliza el caso como una «cortina de humo» para desviar la atención de otros asuntos políticos y afirmó que el exgobernador podrá aclarar las acusaciones en su contra.
