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Confirma FGR aseguramiento de «mini refinería» de Huachicol en SLP

La FGR y fuerzas federales desarticularon centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.

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En el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística, realizó acciones estratégicas para identificar y desarticular cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible.

Como resultado de la estrecha coordinación interinstitucional que mantiene la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y con base en labores de inteligencia, investigación, acciones operativas y el intercambio de información entre las dependencias del Gabinete de Seguridad, las autoridades ubicaron dichos inmuebles en los estados de San Luis Potosí (dos), Hidalgo y Morelos.

La investigación se originó con motivo de diversas denuncias anónimas que recibió el agente del Ministerio Público Federal (MPF), en las que la ciudadanía advirtió la existencia de una instalación tipo nave ubicada en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a la cual ingresaban de manera constante autotanques.

Las autoridades federales dieron cumplimiento a una orden de cateo, donde aseguraron ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente, ocho cilindros horizontales sin medios de identificación, seis cilindros verticales, 894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos, así como otros objetos y el inmueble.

Asimismo, los agentes incautaron una planta de luz o generador diésel, entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa, documentación diversa y una camioneta tipo pick up.

En tanto, en la Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, el personal operativo aseguró un predio que grupos delictivos posiblemente utilizaban para realizar actividades relacionadas con el procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante el cateo, las autoridades procedieron al aseguramiento de 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero asegurado tipo petróleo crudo y diésel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación diversa.

Por otra parte, en Tizayuca, Hidalgo, una denuncia alertó sobre la existencia de una instalación utilizada probablemente para el procesamiento de combustibles.

Durante el cateo, donde las fuerzas federales también aseguraron el inmueble, las autoridades localizaron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.

Finalmente, el Ministerio Público recibió una denuncia que señalaba que, en el municipio de Cuautla, Morelos, las personas observaban el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

Tras el cateo, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento del inmueble, seis muestras recabadas de los contenedores localizados, documentación diversa y talones de cheques.

Como lo establece el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, la FGR mantiene como prioridad el combate de los delitos de alto impacto, y estas acciones reflejan el compromiso permanente de la institución para combatir los delitos en materia de hidrocarburos en sus diferentes modalidades, mediante una estrategia basada en inteligencia proactiva, investigaciones sólidas y profesionales.

Las instituciones de seguridad y procuración de justicia continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes participen en estas actividades, debilitando sus capacidades operativas, financieras y logísticas, con el propósito de proteger la infraestructura estratégica del país y salvaguardar la seguridad de la población.

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