La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí sobre los camiones asegurados en un predio donde presuntamente se almacenaba y comercializaba huachicol al norte de la capital.
La titular de la SCT estatal, Araceli Martínez Acosta, informó que hasta ahora la autoridad federal no ha requerido datos sobre las unidades ni ha informado a la dependencia sobre posibles vínculos entre los vehículos y concesionarios del transporte público.
El caso se originó tras un cateo realizado el 11 de julio en un inmueble ubicado a la altura de la colonia El Rosedal. Durante el operativo, la FGR aseguró un tanque con capacidad superior a 26 mil litros de combustible, presuntamente utilizado para almacenamiento clandestino, además de 12 vehículos.
Entre las unidades encontradas había varios camiones urbanos de color amarillo, situación que abrió la posibilidad de que alguna persona concesionaria del transporte público pudiera estar relacionada con las actividades investigadas.
Martínez Acosta señaló que la SCT no cuenta actualmente con información que confirme esa relación y precisó que la dependencia no ha recibido ninguna solicitud formal de la Fiscalía.
SCT podría cancelar concesiones si se acredita un delito
La funcionaria explicó que, si la investigación federal determina que alguno de los vehículos pertenece a un concesionario involucrado en un ilícito, la SCT podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador.
Entre las posibles medidas se encuentra la cancelación de la concesión, aunque para ello primero tendría que acreditarse la participación del propietario de la autorización de transporte en alguna conducta ilícita.
Martínez Acosta sostuvo que la dependencia estatal permanece disponible para colaborar con la FGR y entregar la información que requiera para avanzar en las investigaciones.
Por ahora, la investigación sobre el presunto tráfico y almacenamiento de huachicol permanece bajo responsabilidad de la autoridad federal, mientras la SCT espera algún requerimiento que permita determinar si existe alguna relación entre concesionarios del transporte público y los vehículos asegurados.
