En una descarada exhibición de cinismo institucional, el titular de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, decidió abandonar la agenda cultural del estado para acudir a Tamazunchale y encabezar un burdo acto de proselitismo político en favor de la senadora Ruth González Silva, perfilándola abiertamente como «la futura candidata y gobernadora» al Ejecutivo estatal.
Disfrazado bajo el membrete sindical y magisterial de la agrupación «Fuerza Magíster», el encuentro no tuvo nada de gestión cultural ni de beneficio educativo para la Huasteca potosina. El propio Torres Cedillo, micrófonos al frente y sin el menor pudor normativo, confesó la auténtica instrucción: acudir a la región para refrendar el compromiso partidista con el Partido Verde Ecologista de México y comprometer la estructura territorial con la senadora oficialista para, en sus propias palabras, «llevarla hasta la gubernatura».
El episodio no solo exhibe la falta de estatura institucional del secretario, sino una flagrante violación al marco electoral y a la legislación de responsabilidades administrativas. Realizado en días y horarios hábiles, el evento constituye un acto anticipado de campaña operado directamente desde el aparato estatal. Mientras los museos, festivales y creadores potosinos enfrentan el rezago presupuestal, el responsable del sector distrae el tiempo que le paga la ciudadanía para fungir como matraquero y operador electoral.
En el evento, realizado en Tamazunchale el miércoles 19 de agosto del año en curso, Torres Cedillo estuvo acompañado por perfiles políticos como el alcalde Adelaido Cabañas y diversos operadores de municipios huastecos como Matlapa, San Martín Chalchicuautla, Tampacán y Xilitla, la comitiva estatal transformó un supuesto diálogo magisterial en una pasarela de sucesión adelantada.
El uso de recursos públicos, viáticos y capacidad operativa gubernamental para apuntalar el proyecto sucesorio del grupo en el poder demuestra que en el gabinete estatal las prioridades no radican en servir a la entidad, sino en asegurar la continuidad familiar a costa de la ley.
