Más de la mitad de los 59 municipios de San Luis Potosí incumple con la obligación de pagar al menos 14 mil pesos netos mensuales a sus policías, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.
El funcionario señaló que el Gobierno estatal ya solicitó la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para iniciar los procedimientos correspondientes contra las administraciones municipales que no han acatado la disposición.
Torres Sánchez recordó que el incumplimiento de la norma contempla sanciones para los responsables, entre ellas multas e incluso la posibilidad de inhabilitación para ejercer funciones públicas, dependiendo del procedimiento y las responsabilidades que determine la autoridad competente.
El secretario general de Gobierno explicó que, de acuerdo con los registros disponibles, menos de la mitad de los municipios ha cumplido con el nuevo esquema salarial para los elementos de seguridad pública.
Ante esta situación, el Gobierno estatal enviará un recordatorio formal a los presidentes municipales para que atiendan la disposición vigente. Torres Sánchez enfatizó que se tratará de un llamado respetuoso, pero con firmeza, debido a que se trata de una obligación establecida en la legislación estatal.
La medida deriva de la reforma a los artículos 114 y 133 de la Constitución Política del Estado, establecida mediante el Decreto 511, publicado el 16 de abril de 2026.
Torres Sánchez sostuvo que el aumento salarial no representa una decisión discrecional ni un beneficio concedido por el Ejecutivo estatal, sino una obligación legal que deben cumplir los gobiernos municipales.
De acuerdo con el funcionario, el objetivo de la reforma es fortalecer las condiciones laborales de los policías municipales y contribuir a que las corporaciones cuenten con personal mejor remunerado y con menores incentivos para incurrir en actos de corrupción o establecer vínculos con grupos delictivos.
El Gobierno estatal indicó que el procedimiento contra los municipios que incumplan seguirá las vías institucionales correspondientes, con la participación del IFSE, encargado de determinar las posibles responsabilidades y sanciones conforme a sus atribuciones.
Mientras tanto, la administración estatal reiteró el llamado a los ayuntamientos para que regularicen el pago de sus elementos de seguridad y cumplan con el salario establecido por la legislación.
