El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recurrió una vez más a las viejas prácticas de movilización forzada para garantizar un aforo completo en la Arena Potosí, ahora con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La administración estatal echó mano de las instituciones educativas bajo su control directo, particularmente del Colegio de Bachilleres (Cobach), para trasladar a cientos de estudiantes en calidad de contingente de apoyo partidista.
La instrucción operativa no se limitó a los planteles de Cobach en la zona metropolitana. La directriz de movilización abarcó también a la comunidad estudiantil del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), cuyos directivos coordinaron la asistencia de jóvenes en horarios que correspondían a sus actividades académicas, desvirtuando el propósito formativo de ambos subsistemas de educación media superior para convertirlos en bultos de asistencia obligada.
La logística del acarreo oficial involucró de manera directa a la estructura burocrática estatal. Trabajadores y mandos medios del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), junto con personal de diversas dependencias del Ejecutivo local, fueron desplegados tanto en la coordinación del traslado como en el pase de lista de los asistentes, bajo la consigna implícita de garantizar el lleno total del recinto recién inaugurado.
El uso de adolescentes y recursos públicos para inflar actos políticos exhibe la prioridad del aparato estatal por proyectar un falso músculo político hacia el Ejecutivo federal a costa de la vida escolar.
Mientras las carencias presupuestales y de infraestructura persisten en las aulas de Cobach y Conalep, la administración potosina demuestra que su capacidad de gestión opera con máxima eficiencia cuando se trata de convertir a la matrícula estudiantil en escenografía electoral.
