Los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato el pasado 17 de septiembre no serían producto de “huachicol fiscal”, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), que señalaron que la investigación apunta a una situación distinta a la reportada inicialmente.
El combustible permanecía almacenado en instalaciones de Gas Natural del Noroeste, en el municipio de San José Iturbide. Tras el operativo, la empresa Gas Natural del Noroeste, perteneciente al grupo SIMSA, aseguró que contaba con permisos de los tres órdenes de gobierno para almacenar hasta 100 millones de litros de hidrocarburo.
La compañía rechazó que el combustible de sus clientes fuera ilegal y afirmó que entregó a la FGR la documentación correspondiente para acreditar la procedencia y legalidad del hidrocarburo.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, que atrajo las investigaciones derivadas del operativo realizado en Guanajuato.
Fuentes de la FGR también señalaron que, después del aseguramiento, Juan Francisco Vera Ayala dejó el cargo como delegado de la Fiscalía en Guanajuato. De acuerdo con la información disponible, Norma Quevedo Vázquez, quien cuenta con experiencia dentro de la institución federal, perfila como su posible sustituta.
El aseguramiento fue presentado inicialmente como uno de los mayores operativos contra el huachicol realizados durante el actual sexenio. El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó primero sobre el decomiso y horas después la FGR confirmó el operativo.
Sin embargo, la investigación habría detectado una diferencia relevante en la orden de cateo. Según las fuentes consultadas, el documento no estaba dirigido contra Gas Natural del Noroeste, sino contra una empresa denominada Gas del Noreste.
Esta última compañía, de acuerdo con la información proporcionada, no cuenta con registro ante las instancias gubernamentales correspondientes, lo que habría generado parte de la confusión en torno al operativo y al origen de la investigación.
Por ahora, la FGR mantiene bajo investigación el aseguramiento y deberá determinar la situación jurídica del combustible, así como las posibles responsabilidades relacionadas con las empresas mencionadas.
