El Senado de la República aprobó por mayoría calificada de 86 votos a favor y 42 en contra una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece como requisito indispensable poseer únicamente la ciudadanía mexicana para aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La modificación —enviada a los congresos locales para su ratificación estatutaria— obliga a los aspirantes que posean una segunda nacionalidad a renunciar a ella y acreditar la extinción del vínculo jurídico con el Estado extranjero previo a su registro electoral.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por la bancada de Morena y sus aliados, prohíbe además que durante el ejercicio del cargo los funcionarios adquieran otra nacionalidad, invoquen protección diplomática o utilicen pasaportes expedidos por otros países. La medida entrará en vigor para los comicios de 2028 y concede un plazo de 90 días al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para adecuar la Ley de Nacionalidad y los marcos electorales correspondientes.
El dictamen generó rechazo entre las bancadas de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), así como en organismos del sector privado como la American Society of Mexico (Amsoc), presidida por Larry Rubin. Los detractores señalaron que la disposición vulnera los derechos políticos de millones de connacionales e integrantes de la comunidad migrante con binacionalidad. En respuesta, los promoventes argumentaron que la norma no elimina la doble ciudadanía en la población general, sino que fija un criterio excepcional de soberanía y lealtad institucional para la titularidad de los ejecutivos federal y estatales.
