La decisión de rescindir o modificar el contrato de concesión con la empresa española Aquos por la operación del sistema El Realito corresponde de forma exclusiva al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, aclaró el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo. La precisión ocurre luego de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) informara sobre la revisión técnica, jurídica y financiera que se realiza junto a la dependencia federal y Banobras para evaluar la terminación anticipada del acuerdo.
González Castillo puntualizó que el papel de la Conagua en el proceso consiste en brindar acompañamiento técnico-jurídico y fungir como mediador entre las partes para mitigar el impacto financiero sobre la hacienda estatal. Debido a que la concesión mantiene una vigencia remanente de aproximadamente diez años, una cancelación unilateral sin sustento legal podría desencadenar severas penalizaciones económicas para la administración pública estatal.
No obstante, el funcionario federal enfatizó que la empresa operadora también ha sido acreedora a penalizaciones normativas por las recurrentes fallas en el acueducto, acumulando más de nueve interrupciones en el suministro durante el último año. Por ello, las mesas de trabajo entre la Conagua, Banobras y el Gobierno del Estado buscan cuantificar las responsabilidades contractuales de ambas partes para definir si existen las condiciones legales que permitan concretar la rescisión sin menoscabo del erario local y garantizar el agua para la zona metropolitana de San Luis Potosí.
