El abogado David Mejía, en representación legal de la Fundación Granito de Arena y el colectivo No Más Hijos Rehenes, denunció que los jueces de primera instancia en materia familiar de San Luis Potosí omiten de manera sistemática la aplicación del artículo 300 Bis del Código Familiar del Estado, el cual mandata ponderar de oficio la custodia compartida en beneficio del interés superior de la niñez.
Los litigantes explicaron que los juzgados potosinos evitan decretar resoluciones de custodia compartida salvo que exista un acuerdo voluntario entre los progenitores, lo que resquebraja el vínculo afectivo de los menores con uno de sus padres y con la familia extendida.
Asimismo, las organizaciones civiles exhibieron un documento obtenido vía la Plataforma Nacional de Transparencia donde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) reconoce formalmente que no cuenta con las atribuciones normativas ni con el personal capacitado para impartir terapias de revinculación psicológica infantil, procedimiento al que los juzgados canalizan de forma recurrente a las infancias.
Ante esta situación, Susana del Río, Uriel Medina y el abogado David Mejía hicieron un llamado a los magistrados del Poder Judicial del Estado para establecer mesas de trabajo, transparentar las determinaciones en los procesos familiares y aceptar las capacitaciones gratuitas que ofrecen peritos especializados en psicología infantil.
