En el padrón de egresos de los Servicios de Salud, la figura de una persona física ha comenzado a concentrar montos millonarios desempeñando tareas de naturaleza contradictoria: José Hernández Hernández. Entre enero y agosto de 2026, este proveedor acumuló pagos por 5 millones 887 mil 970 pesos provenientes del presupuesto público estatal, operando con un catálogo de servicios que transita, sin distinción técnica visible, desde el suministro de agua y el mantenimiento de edificios administrativos hasta la producción editorial y la colocación de campañas institucionales en medios de comunicación.
La versatilidad comercial de Hernández Hernández quedó plasmada en 54 transferencias bancarias avaladas por el Departamento de Recursos Financieros bajo la autorización de Gerardo Rodríguez Larraga. Aunque 82 por ciento de las erogaciones se justificaron bajo la partida presupuestal 31301 —destinada al «servicio de agua» por un total de 4.8 millones de pesos—, la facturación del contratista mudó drásticamente de giro según avanzó el calendario financiero. El historial revela pagos por pipas de agua que alcanzaron transferencias individuales de 494 mil pesos en julio o un millón 503 mil pesos en agosto, desembolsos emitidos principalmente desde cuentas gubernamentales radicadas en Banorte y Santander.
El contraste operativo se acentúa en el mes de abril, cuando el proveedor pausó de golpe el abasto hídrico para asumir las funciones de una agencia de comunicación social o central de medios. Durante esas cuatro semanas facturó de forma exclusiva bajo la partida 36101, asignada a la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. En ese periodo ingresó 953 mil 114 pesos distribuidos en siete facturas, de las cuales dos superaron los 400 mil pesos por concepto de propaganda institucional, apenas días antes y después de haber cobrado partidas menores por mantenimiento de oficinas.
A esta dispersión se suman dos rubros adicionales que profundizan el perfil multifacético del contratista: el mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, por el cual percibió 88 mil 457 pesos divididos entre enero y julio bajo la partida 35101, así como un cobro en febrero por 12 mil 40 pesos correspondiente a la partida 33604, etiquetada como impresión y elaboración de material informativo para la operación interna de las dependencias.
Ante la opacidad de los registros abiertos, una solicitud de acceso a la información tramitada por este medio, bajo el folio 241230326000191 requirió las facturas, contratos, pólizas y testigos de las erogaciones ejercidas a favor de Hernández Hernández entre enero y mayo. La respuesta institucional, formalizada en el oficio SSSLP/UT.229/2026, frenó la entrega digital de los expedientes. El memorándum interno DA/13554/2026 admitió la localización de aproximadamente 450 fojas, pero alegó que la elaboración de versiones públicas sobrepasa la capacidad técnica y operativa de la dependencia debido a la falta de personal provocada por la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar.
La negativa para enviar los archivos de manera electrónica fue firmada por el propio director de Administración, Gerardo Rodríguez Lárraga, el mismo funcionario facultado en las transferencias bancarias bajo escrutinio. En lugar de facilitar la información en los formatos solicitados, la dirección condicionó el acceso únicamente a una consulta física previa cita en las instalaciones del Archivo de Contabilidad en la capital potosina, advirtiendo que la expedición de copias simples tendrá un costo de 2.93 pesos por foja más un recargo del 25 por ciento por asistencia social, trámite que posterga la entrega hasta que se liquide el pago correspondiente.
Pese a solicitar la cita para la revisión presencial de los documentos, al cierre de esta edición, la autoridad no ha emitido respuesta alguna.
