A casi un año de los paros y movilizaciones estudiantiles que paralizaron las actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y afectaron la dinámica urbana de la capital, alumnos de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” manifestaron que los conflictos internos y la disputa por el control de la escuela continúan sin resolverse, afectando directamente la vida académica de la comunidad.
De acuerdo con testimonios de integrantes de las licenciaturas en Derecho y Criminología, el ambiente dentro del plantel permanece marcado por confrontaciones entre bloques docentes y figuras con trayectoria en la administración central universitaria. Los inconformes refieren que persisten dinámicas de poder vinculadas a gestiones pasadas, señalando directamente los antecedentes del exabogado general Juan Manuel Reynoso Sandoval durante el rectorado 2012-2020, periodo en el que enfrentó señalamientos por litigios salariales y el manejo de casos de violencia de género en el Edificio Central.
En el contexto actual, los estudiantes apuntan hacia la gestión de la secretaria general de la facultad, Citlalli Enriqueta Aranda Zermeño, a quien atribuyen rezago en la respuesta a solicitudes formales, omisión en la atención a requerimientos escolares y restricciones para la organización de eventos académicos independientes, situaciones que aseguran responden a criterios selectivos de afinidad política interna.
La denuncia también expone irregularidades en las aulas. Alumnos de ambas carreras señalaron que el personal docente mantiene esquemas de condicionamiento académico, en los que la acreditación de materias se supedita al pago y a la asistencia a conferencias extracurriculares impartidas por los propios profesores, con costos superiores a mil pesos por inscripción. Los estudiantes señalaron que ya habían denunciado esta práctica en mayo pasado, pero las autoridades no impusieron sanciones.
A este panorama se suman quejas por tratos discriminatorios, comentarios clasistas en clase y la falta de resolución de fondo ante problemáticas de violencia hacia alumnas, situación que la comunidad estudiantil califica como una deuda histórica no atendida. Los representantes estudiantiles advierten que, mientras las facciones docentes priorizan el control administrativo, la facultad carece de canales de diálogo efectivos y el alumnado continúa quedando al margen de las decisiones institucionales.
