¿La injerencia siempre viene de fuera? O, podría venir desde el interior de cualquier país que ha disuelto la división de poderes, ha tomado la institución electoral y solo existe en el papel?
Cuando escuchamos la palabra injerencia, casi de manera automática pensamos en una intervención extranjera: un gobierno que intenta influir en las decisiones de otro país, una potencia que condiciona políticas internas o intereses externos que buscan alterar el rumbo de una nación.
Pero ¿la injerencia tiene necesariamente que venir de fuera? La pregunta merece hacerse, especialmente cuando hablamos de países donde la división de poderes existe en el papel, pero comienza a diluirse en la realidad.
En una democracia, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen funciones distintas y, al mismo tiempo, mecanismos para limitarse y vigilarse mutuamente. Esa separación no es un simple diseño administrativo: busca evitar que el poder se concentre en unas cuantas manos.
El problema aparece cuando una institución comienza a invadir las atribuciones de otra, cuando los contrapesos dejan de funcionar o cuando la autonomía institucional queda subordinada a intereses políticos. Entonces puede existir una forma de injerencia que no llega desde una frontera extranjera, sino que nace dentro del propio Estado.
Y quizá ahí se encuentra una de las preguntas más incómodas: ¿qué ocurre cuando quien interviene, afirma hacerlo en nombre del pueblo?
La expresión “en defensa del pueblo” tiene una enorme fuerza política. Nadie podría oponerse, en principio, a proteger los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, precisamente por eso debe preguntarse quién determina cuáles son esos intereses, con qué facultades lo hace y qué mecanismos existen para impedir abusos.
Porque en una democracia el pueblo no solamente debe ser invocado; también debe estar protegido por instituciones capaces de actuar con autonomía, reglas claras y rendición de cuentas.
La defensa del pueblo no puede convertirse en una fórmula escondida, para justificar la concentración del poder. Tampoco puede confundirse la voluntad de una mayoría, por legítima que sea, con la desaparición de los límites constitucionales. La verdadera discusión, entonces, quizá no sea solamente si existe injerencia externa. También debemos preguntarnos si existe injerencia interna, cuándo ocurre, quién la ejerce y qué consecuencias tiene para los contrapesos democráticos.
Porque cuando la división de poderes permanece escrita en las leyes, pero pierde eficacia en la práctica, el problema ya no está solamente en quién gobierna, está en qué tan capaces son las instituciones de limitar al poder, incluso cuando ese poder afirma actuar en nombre del pueblo.
