El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, respondió de manera contundente a las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona respecto al presunto destrabe de licencias de obra pública.
Galindo aseveró que persiste un «mecanismo sistemático de obstrucción» por parte de la Contraloría General del Estado que mantiene detenidos entre 8 y 10 proyectos de infraestructura clave para la capital, sumando un posible subejercicio o riesgo financiero de hasta 800 millones de pesos.
Frente a los señalamientos del Ejecutivo estatal sobre que el Municipio es quien no ha querido iniciar las obras, Galindo aclaró que el problema de fondo radica en la falta de disposición para el diálogo por parte de las autoridades estatales.
Precisó que el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, ha buscado repetidamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), Jorge Grimaldo Limón, sin lograr concretar mesas de trabajo.
Respecto al funcionamiento del sistema de licencias, el alcalde detalló que la liberación por parte del Estado ha sido «parcial y no definitiva», obligando al Ayuntamiento a reiniciar los trámites administrativos desde cero hasta en tres ocasiones para un mismo proyecto.
«No nos dicen nada porque se rige por un sistema… pero cuando el trámite se trunca, tienes que volver a empezar de cero. Todo esto lo empecé en marzo, estamos en octubre. Perdón, yo ya no quiero pensar que el gobernador no esté enterado; yo creo que sí lo está, pero no nos está haciendo ningún favor», enfatizó el edil.
Asimismo, el munícipe confirmó que el pasado lunes 5 de octubre el Ayuntamiento acudió nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ampliar la controversia constitucional que mantienen contra el Gobierno del Estado, recurso que fue aceptado formalmente por el máximo tribunal.
«La Corte no recibe cualquier queja, perdón, es una controversia constitucional, ¿no?. No es una oficina de trámites, la Corte es la Corte», aseveró.
Galindo recordó que la SCJN otorgó previamente una suspensión al considerar que existe una ley estatal que invade facultades municipales. Entre las nuevas obras que se sumaron al expediente atorado ante la Corte destacan:
-Repavimentación en la Zona Industrial (con un gasto estimado de $16 millones de pesos). -Remodelación y actualización de la Calzada de Guadalupe. -El Skypark en El Rosedal. -Regeneración del camino de Periférico a Peñasco y de Peñasco a Bocas ($10 millones de pesos). -Proyectos en la avenida Fray José de Arlegui.
En cuanto al Eje 140, Galindo desmintió la información difundida por el Ejecutivo estatal y aclaró que el Municipio no está reencarpetando la vía (obra que la capital ya realizó con anterioridad), sino, se encuentran construyendo un segundo cuerpo vial que actualmente no existe.
«Si es el que él va a hacer, pues que lo haga, toda la infraestructura que le haga a la ciudad es bienvenida», acotó.
Sobre el puente de Villa Magna, cuestionado por el gobernador por su alto costo de infraestructura, el edil señaló que es una obra proyectada por su administración desde 2023 y contemplada como parte de los «Planes B o C» para reasignar el presupuesto si el Estado mantiene bloqueadas obras insignias como El Saucito o la salida a Guadalajara.
Asimismo, acusó que Gobierno del Estado esté replicando los proyectos del Ayuntamiento.
«Le hago un llamado cariñoso y respetuoso al gobernador para que le expliquen bien. Villa Magna, El Saucito, Avenida Industrias, Salk, Prolongación Juárez… las anunciamos nosotros primero y al poco tiempo llegó el Gobierno del Estado a realizarlas».
Finalmente, Galindo responsabilizó al Gobierno del Estado por la eventual interrupción del programa de obra pública municipal y advirtió que el Ayuntamiento no incurrirá en irregularidades administrativas brincándose trámites legales, pues están bajo el escrutinio del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
