La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir la reciente reforma al artículo 122 Bis de la Constitución de San Luis Potosí, ordenamiento que modificó el catálogo de requisitos para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado. La impugnación quedó radicada bajo el número de expediente 130/2026 y fue turnada para su análisis a la ministra María Estela Ríos González, señalando como autoridades demandadas formalmente al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo local.
El Decreto 0589, promulgado el pasado 2 de septiembre tras su aprobación parlamentaria y el aval de 36 ayuntamientos, desvinculó las exigencias del cargo de fiscal de las condiciones requeridas para integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La enmienda fija un periodo de siete años sin reelección e impone limitantes estrictas, tales como no contar con sentencias firmes por violencia de género o deudas alimentarias, además de vetar a exgobernadores, legisladores, alcaldes o dirigentes partidistas recientes. Asimismo, incorporó un artículo transitorio para garantizar la no retroactividad de la norma sobre la actual fiscal, María Manuela García Cázares.
La controversia constitucional, formalizada dentro del plazo legal de 30 días, responde a los cuestionamientos surgidos durante el proceso legislativo impulsado por la LXIV Legislatura, donde bancadas como Morena criticaron ajustes clave como la reducción del periodo de residencia exigido de cinco a dos años y la flexibilización de los criterios de experiencia profesional. Con esta nueva demanda promovida por la titular del organismo nacional, el Poder Legislativo potosino suma un acumulado histórico de al menos 13 acciones de inconstitucionalidad promovidas en la Corte contra sus reformas desde septiembre de 2024.
