La violencia política y la posible intervención del crimen organizado serán factores que las autoridades deberán vigilar durante las elecciones de 2027, ante las diferencias en los niveles de inseguridad entre entidades y los cambios en las estrategias de participación de grupos delictivos, consideró Carlos Piedra, consultor senior de Integralia.
En entrevista con Así las Cosas, el especialista explicó que la violencia política comprende agresiones y delitos contra personas que participan en la vida pública o buscan ocupar cargos de elección popular. Por ello, subrayó la importancia de distinguir los delitos de alto impacto de aquellos que tienen una motivación política, para dimensionar con mayor precisión los riesgos que enfrentará el próximo proceso electoral.
Piedra señaló que los comicios de 2027 tendrán características particulares debido a las variaciones en algunos indicadores delictivos. En ese contexto, consideró necesario evaluar si la intervención de organizaciones criminales en las elecciones ha disminuido o si continúa extendiéndose. También advirtió que las condiciones de seguridad cambian de una entidad a otra, por lo que el análisis deberá considerar las circunstancias de cada región.
El consultor indicó que la violencia electoral no se limita a los homicidios de actores políticos, sino que también puede manifestarse mediante la expansión de la gobernanza criminal. Explicó que algunas organizaciones delictivas buscan influir en la selección de candidaturas y en la integración de los gobiernos, con el propósito de intervenir en las decisiones públicas.
Otro factor que podría incidir en las contiendas son los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales. Según Piedra, estas acusaciones podrían influir en los criterios que utilicen los partidos para seleccionar a sus candidatos, aunque consideró necesario observar si realmente modifican los procesos internos de postulación.
Sobre las medidas de prevención, el especialista se refirió a la estrategia anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que contempla tres ejes para atender los riesgos de seguridad durante los comicios.
El primero consiste en elaborar un diagnóstico preventivo para identificar las entidades con mayores riesgos, con base en los antecedentes de violencia electoral. Piedra mencionó a Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Colima entre los estados que requieren especial atención.
El segundo eje contempla la coordinación entre instituciones federales y electorales, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Consejería Jurídica, con el propósito de articular acciones frente a posibles amenazas.
El tercer componente prevé un despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad, con una participación central de la Guardia Nacional y la colaboración de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además de las policías estatales y municipales.
Finalmente, Piedra consideró que existe un cambio en la forma de abordar la seguridad de los procesos electorales y anticipó una mayor observación del Gobierno estadounidense sobre las elecciones mexicanas. Frente a este escenario, señaló que las autoridades deberán garantizar condiciones de seguridad que permitan desarrollar los comicios sin que las amenazas de violencia o la intervención criminal comprometan la confianza en los resultados.
