En una postura que priorizó los intereses de grupo por encima de las necesidades básicas de la población, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, y el director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Hernández, votaron en contra del paquete de alivio económico y subsidios hídricos planteado en la iniciativa de la Ley de Cuotas y Tarifas 2027. A pesar de su negativa, la propuesta logró salir adelante por mayoría en la Junta de Gobierno del Interapas, exhibiendo la indiferencia de ambos funcionarios frente a miles de hogares que padecen a diario la sequía y la ineptitud en la infraestructura hidráulica.
El proyecto, impulsado desde la presidencia de la Junta por el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, ponía sobre la mesa una demanda histórica: ajustar y reducir el cobro en los recibos a las viviendas castigadas por las constantes fallas del acueducto El Realito, para evitar que la ciudadanía siga pagando por un servicio que simplemente no recibe. Además, el esquema proyecta exentar al 100 por ciento del pago a los planteles públicos de educación básica a partir de 2027, eliminar el costo de contratación de tomas domésticas durante todo el año, recortar tarifas al pequeño comercio e incorporar subsidios para adultos mayores.
Lejos de respaldar un respiro financiero urgente para las familias, el bloque integrado por Navarro Muñiz, su regidor incondicional Gerardo Cabrera Medina y el titular de la CEA decidió cerrar filas para rechazar el dictamen. Con este voto en contra, las autoridades soledenses y la dependencia estatal demostraron un nulo compromiso social, negándole a su propia gente la posibilidad de acceder a contratos sin costo o de librar a las escuelas públicas del estrangulamiento presupuestal que implica pagar por el agua.
La fractura exhibida en el organismo operador evidencia que, para la CEA y el gobierno de Soledad, el cálculo político pesa más que resolver el desabasto y proteger la economía de los sectores más vulnerables. Con la iniciativa ya remitida al Congreso del Estado para su análisis definitivo, la presión recaerá en el Poder Legislativo, donde los diputados deberán decidir si convalidan el boicot de la CEA y de Navarro Muñiz o si defienden los derechos de las familias potosinas frente al desamparo institucional.
