Integrantes del colectivo Voces Libres cuestionaron que la reforma legal conocida como “Ley Serrano”, relacionada con la regulación de contenidos generados mediante inteligencia artificial, se impulsara sin consultar a periodistas de San Luis Potosí. Advirtieron que los cambios legales pueden afectar la libertad de expresión y alcanzar también a activistas, defensores de derechos humanos y víctimas.
Durante sus intervenciones, Brenda Rocha Ramos, Mirna —periodista potosina desplazada de Guanajuato— y Juan Pablo Moreno Guzmán señalaron que la falta de participación del gremio en la discusión legislativa representa un problema para el ejercicio periodístico y la protección de las audiencias.
Rocha Ramos sostuvo que la denominada “Ley Serrano” tiene consecuencias jurídicas para personas concretas, desde quienes promovieron la reforma hasta los tres periodistas detenidos y otras personas que enfrentan denuncias, incluida una presentada personalmente por el diputado Héctor Serrano. A juicio de la periodista, la legislación carece de garantías suficientes y podría utilizarse contra comunicadores considerados incómodos.
Por su parte, Mirna planteó la necesidad de revisar cómo regular la inteligencia artificial sin comprometer la confianza de las audiencias. Advirtió que una legislación mal diseñada no solo perjudicaría a periodistas y medios de comunicación, sino que también podría afectar a defensores de derechos humanos, activistas y víctimas que recurren a la expresión pública para denunciar situaciones de interés social.
Juan Pablo Moreno Guzmán consideró que las denuncias contra periodistas por expresiones que, a su juicio, se encuentran dentro de los límites de la libertad de expresión pueden generar un efecto de intimidación sobre el gremio. Señaló que al menos diez personas han sido denunciadas por Héctor Serrano, entre ellas periodistas, activistas y abogados.
Los integrantes de Voces Libres advirtieron que la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial y la libertad de expresión requiere la participación de quienes ejercen el periodismo, así como garantías para evitar que las disposiciones legales se utilicen para inhibir la crítica o las denuncias públicas.
