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Entre fosas y desaparecidos, la CEDH potosina prefiere quedar bien con un diputado: Luis Cárdenas

En San Luis Potosí, Luis Cárdenas exhibió a la CEDH por preferir que el rector Zermeño pida perdón a Héctor Serrano antes que atender a víctimas.

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En un estado y en un país donde las madres buscadoras escarban la tierra con las uñas y la violencia desborda expedientes sin resolver, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) encontró por fin una causa urgente a la cual consagrar su presupuesto: emitir recomendaciones a modo.

Durante su intervención en el foro Voces Libres, el periodista Luis Cárdenas desnudó el absurdo burocrático y la sumisión política del organismo que encabeza Giovanna Argüelles Moreno, al cuestionar la resolución que busca forzar al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, a ofrecer una disculpa pública por señalar lo evidente: calificar al diputado Héctor Serrano de foráneo.

Cárdenas recurrió a la ironía más cruda para exhibir la escala de prioridades del organismo potosino. Subrayó que mientras México acumula cifras escalofriantes de desaparecidos, víctimas silenciadas y familias desamparadas frente a la impunidad, la CEDH decide enfocar su maquinaria institucional en regañar a una autoridad universitaria por enunciar una obviedad geográfica y política. “Serrano es chilango, eso lo sabemos”, sentenció el comunicador, reduciendo la queja a lo que realmente es: una operación de la sumisa presidencia de la CEDH para complacer al gallardismo.

La postura de Cárdenas puso el dedo en la llaga sobre el papel de las comisiones de derechos humanos en el país, convertidas con frecuencia en ventanillas de trámite para litigios de vanidad política en lugar de fungir como escudos ciudadanos. La recomendación contra el rector Zermeño retrata a una defensoría que esquiva los verdaderos infiernos de la entidad para actuar como departamento de relaciones públicas y paño de lágrimas de operadores políticos con piel delgada.

El reclamo en el foro no se limitó a la anécdota local, sino al síntoma generalizado de descomposición institucional. Exigir una disculpa pública por constatar el origen foráneo de un legislador no protege ninguna garantía fundamental; simplemente confirma que, para la CEDH potosina, la susceptibilidad del poder pesa más que las tragedias que desangran al estado.

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