El balance en el papel no oculta el trasfondo político y financiero: el Gobierno federal cerró la llave a la discrecionalidad presupuestal de San Luis Potosí. Aunque las autoridades locales insisten en que las cuentas se mantienen en equilibrio, la realidad operativa del estado quedó reducida tras la pérdida de aproximadamente 400 millones de pesos en participaciones de libre disposición durante dos meses consecutivos.
La respuesta de la Secretaría de Hacienda no fue restituir la liquidez, sino enviar un mensaje de control centralizado al compensar el faltante únicamente mediante fondos etiquetados.
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, la Federación proyecta canalizar cerca de 290 millones de pesos en el último bimestre del año bajo el rubro de aportaciones. Sin embargo, este esquema de amortiguación no devuelve la autonomía financiera a la entidad; al contrario, sujeta cada peso a rubros específicos predeterminados desde la capital del país.
Al retirar recursos no condicionados y sustituirlos por partidas estrictamente fiscalizables, la administración central evidencia una clara reticencia a permitir que el Ejecutivo estatal decida en qué y cómo gastar, exhibiendo dudas de fondo sobre la eficiencia y transparencia en el ejercicio del erario local.
Este cambio en las reglas del juego obligó a la administración potosina a ajustar sobre la marcha su gasto corriente y a depender de la disciplina impuesta desde el centro. Pese a que la dependencia estatal proyecta un crecimiento de hasta 7 por ciento en las participaciones federales para el ejercicio de 2027, el cierre del año deja un precedente incómodo: San Luis Potosí no solo enfrenta un margen de maniobra recortado, sino una tutela fiscal que limita su capacidad de decisión y confirma que, para la Federación, el manejo de los recursos locales requiere vigilancia estricta.
