La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado atender la solicitud presupuestal planteada por el Poder Legislativo local para la realización de dos procesos de participación ciudadana. La resolución judicial vincula de manera directa a la dependencia estatal para garantizar la asignación de recursos financieros destinados a la organización de la consulta para personas con discapacidad y la consulta a pueblos y comunidades indígenas en la entidad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Héctor Serrano Cortés, explicó que el monto requerido para el ejercicio enfocado en personas con discapacidad asciende a cerca de dos millones de pesos, mientras que la consulta pública indígena demandará una inversión superior a los trece millones de pesos por la complejidad de su despliegue operativo. El legislador recordó que un procedimiento previo fue anulado por deficiencias metodológicas, lo que obliga a reponer el proceso para dar cumplimiento estricto a las obligaciones en materia de derechos humanos.
A pesar del dictamen emitido por el máximo tribunal del país, la ejecución de ambos procesos durante el presente ejercicio fiscal dependerá de la prontitud con que la administración estatal transfiera los fondos requeridos. Las autoridades parlamentarias enfatizaron que trabajarán bajo el acompañamiento institucional de las autoridades judiciales federales para evitar futuras impugnaciones, advirtiendo que, de no concretarse el depósito en los próximos días, la celebración de las asambleas tendría que reprogramarse para el siguiente año.
