Una denuncia ciudadana anónima hecha a War Room expone irregularidades dentro de la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en San Luis Potosí. El documento, dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación para evadir represalias laborales internas, expone una presunta cadena de vicios administrativos que van desde la asignación de tareas sanitarias de alta especialidad a personal sin el perfil acreditado, hasta esquemas discrecionales en la renovación de contratos eventuales que se arrastran desde hace varios años.
El primer foco rojo se ubica en la Clínica de Especialidades Dr. Pedro Bárcenas Hiriart. De acuerdo con los datos presentados, la trabajadora María de Jesús Fraga Narváez ostenta formalmente una plaza administrativa, pero en la práctica opera funciones directas dentro del Programa de Vacunación Universal.
El punto crítico radica en que Fraga Narváez tendría bajo su responsabilidad el control de la red de frío, un eslabón técnico indispensable para garantizar la efectividad y preservación de los biológicos que aplican a la derechohabiencia potosina. La denuncia exige a los órganos fiscalizadores comprobar si la empleada cuenta con título, cédula profesional y las competencias técnicas exigibles para manipular insumos de salud pública de esta naturaleza, o si se trata de una asignación irregular tolerada por los mandos de la unidad médica.
La segunda línea de señalamientos apunta a la sede administrativa del instituto, ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Tequisquiapan. Ahí se cuestiona la posición de Dalila Segura de la Rosa, señalada como responsable eventual del Programa de Vacunación Universal bajo un esquema contractual que presuntamente se mantiene sin regularizar desde 2021.
El reclamo advierte la existencia de tratos diferenciados al interior de la dependencia, donde otros trabajadores con funciones operativas similares permanecen sujetos a convenios eventuales renovados cada seis meses desde 2023, sin criterios claros, objetivos ni convocatorias transparentes que justifiquen la permanencia o el privilegio de ciertos perfiles sobre otros.
