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ASF revela retrasos e impagos del Gobierno de San Luis Potosí a instituciones educativas por más de 123 mdp

La ASF detectó adeudos e irregularidades por 123 mdp del Gobierno de SLP a universidades y preparatorias en 2025.

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Durante el ejercicio 2025, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí entregó fuera de plazo todas las ministraciones presupuestales a instituciones de educación media superior y superior. De acuerdo con el informe individual 1774 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración estatal acumuló un faltante total de 123.6 millones de pesos no entregados a seis planteles clave en la entidad.

El Colegio de Bachilleres (Cobach) concentró la mayor afectación al registrar un adeudo de 55.1 millones de pesos, cifra que representa el 44.6 por ciento del monto total no ministrado por la Secretaría de Finanzas. Esta situación contrasta de forma drástica con el ejercicio 2024, cuando la institución dirigida por Daniel Centeno Trejo no solo recibió sus fondos completos, sino que registró un excedente presupuestal.

Otras dependencias educativas reportaron incrementos en sus saldos pendientes al cierre del año, destacando el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) con un adeudo acumulado de 29.2 millones de pesos, equivalente al 63.4% de su presupuesto acordado. Asimismo, el Cecyte registró un faltante de 14.8 millones y la Universidad Politécnica cerró con un saldo pendiente de 20.4 millones de pesos.

Por el contrario, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Telebachillerato Comunitario y la Universidad Intercultural recibieron la totalidad de sus recursos pactados, aunque bajo esquemas de entrega extemporánea. La máxima casa de estudios se posicionó como la entidad con la mayor recepción de fondos estatales, alcanzando los 518.3 millones de pesos ministrados a lo largo del periodo.

A pesar de las severas observaciones emitidas por la ASF, el monto total no transferido en 2025 refleja una reducción del 43.9 por ciento en comparación con el ejercicio 2024, cuando la deuda educativa superó los 220 millones de pesos. Sin embargo, el órgano auditor federal mantendrá el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las transferencias a la educación pública.

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