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Tribunal Electoral descarta actos anticipados de campaña del secretario de Cultura a favor de Ruth González

El Tribunal Electoral de SLP exoneró al secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, tras descartar promoción anticipada a favor de Ruth González.

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El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) declaró inexistentes las infracciones por actos anticipados de campaña y vulneración a la equidad en la contienda atribuidas al titular de la Secretaría de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, por presuntamente promover a la senadora Ruth González Silva como futura aspirante a la gubernatura.

La queja, registrada bajo el expediente TESLP/PSE/03/2026 e interpuesta por el dirigente estatal de la agrupación Somos, Xavier Nava Palacios, tuvo su origen en un evento de la organización Fuerza Magister Verde celebrado el pasado 19 de agosto de 2026 en la localidad de Zacatipán, municipio de Tamazunchale, donde se señaló al funcionario estatal por referirse a la legisladora como «nuestra próxima candidata a la gubernatura» y llamar a respaldar su proyecto.

Al resolver el procedimiento especial sancionador por unanimidad, las magistraturas determinaron que las manifestaciones de Torres Cedillo se emitieron de forma espontánea durante una entrevista concedida a un medio digital, por lo que estuvieron dirigidas exclusivamente al reportero y no constituyeron un discurso proselitista. Asimismo, el órgano jurisdiccional concluyó que no se acreditó un llamado expreso al voto, ni el uso de recursos públicos para financiar el encuentro o la difusión de las declaraciones, quedando estas amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión sin transgredir el artículo 134 constitucional.

No obstante el sentido absolutorio del fallo, la magistrada presidenta del TEESLP, María Carolina López Rodríguez, formuló un exhorto a la autoridad administrativa electoral para que integre investigaciones más exhaustivas rumbo al proceso electoral 2026-2027, recordando que la normativa constitucional prohíbe de manera estricta que los servidores públicos utilicen su investidura o recursos del erario para favorecer a terceros y alterar las condiciones de imparcialidad y neutralidad.

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