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Destapan presunta red de abuso sexual infantil en capilla de Prados; exigen intervención de la Arquidiócesis y Fiscalía

Madres de familia y la activista Marilú González Martel denunciaron una presunta red de abuso sexual infantil en una capilla del fraccionamiento Prados, en San Luis Potosí, y exigieron acciones a la Fiscalía y la Arquidiócesis.

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Tras hacerse público en redes sociales un caso de presunto abuso sexual cometido al interior de la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, en el fraccionamiento Prados, madres de familia y la activista Marilú González Martel, fundadora del movimiento «Abejita Vuelve a Casa», acudieron ante las autoridades eclesiásticas y de procuración de justicia para exigir la localización y detención del presunto responsable.

De acuerdo con González Martel, hasta el momento se han integrado ocho carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, en las que se contabilizan alrededor de diez víctimas (entre ellas dos hermanas), con edades que oscilan entre los 5 y los 13 años. Aunque las denuncias formalizadas hasta el momento corresponden a niñas, la activista advirtió que han recibido reportes anónimos de niños que también habrían sido víctimas de agresiones y cuyos casos podrían llegar próximamente ante las autoridades.


Según los testimonios recabados, el presunto agresor, identificado como José Pompeyo, se desempeñaba como sacristán y aprovechaba su cercanía y autoridad dentro de la parroquia para llevar a los menores hacia un cuarto ubicado detrás de la capilla, donde presuntamente cometía los abusos. Además, existe la sospecha de que el sujeto grababa a los menores, lo que abriría una línea de investigación por presunta pornografía infantil.

Una de las madres relató que se enteró de los hechos el pasado lunes 9 de noviembre, cuando su hija, quien participaba como monaguilla y asistía diariamente a los rezos del novenario de la Virgen de Guadalupe desde el 28 de octubre, regresó alterada a casa y le contó que había sufrido tocamientos y besos sin su consentimiento.

Al indagar con otras familias de la comunidad, varias menores confesaron haber sufrido agresiones similares durante un tiempo prolongado, detallando que el sujeto las interceptaba incluso al salir de los sanitarios y las amenazaba con expulsarlas del grupo de monaguillas si hablaban.

La madre denunciante señaló que, después de solicitar el apoyo de una patrulla y presentar la denuncia ante las autoridades, el señalado fue detenido al día siguiente, luego de que otra víctima también lo denunciara. Sin embargo, recuperó su libertad 24 horas después, bajo el argumento de que no lo detuvieron en flagrancia y de que existían imprecisiones iniciales en su nombre completo.

Asimismo, las denunciantes señalaron retrasos en la atención institucional, pues las citas psicológicas y ministeriales estaban programadas inicialmente para finales de noviembre y principios de diciembre. Sin embargo, se les adelantó después de que el caso recibió atención mediática.

Al respecto, Marilú González Martel acusó directamente presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), asegurando que un sobrino del imputado ocupa un cargo directivo dentro de la institución y habría intervenido para facilitar su liberación, pese a que la gravedad de los delitos amerita prisión preventiva oficiosa.

«Las víctimas decidieron hablar debido a que vieron a esta persona huir por la noche con maletas en compañía de su esposa, a quien también señalan como cómplice», detalló la activista, confirmando que el sujeto se encuentra actualmente prófugo.

Ante el temor de que el caso quede impune —recordando antecedentes como el del exsacerdote Eduardo Córdova Bautista—, los denunciantes sostuvieron una reunión con el Arzobispo de San Luis Potosí para exigir la colaboración de la Iglesia Católica y evitar el encubrimiento por parte del párroco de la capilla, de quien sospechan mantiene comunicación con el prófugo.

Tras el encuentro, las madres y la representante de «Abejita Vuelve a Casa» informaron que la autoridad eclesiástica se comprometió a entregar el historial laboral completo de José Pompeyo, quien lleva más de 15 años trabajando como sacristán en aproximadamente cinco o seis capillas y parroquias de la capital potosina; así como a mantener localizable al sacerdote de la capilla de Prados para que rinda su declaración y colabore en la ubicación exacta del exsacristán.

Finalmente, el movimiento «Abejita Vuelve a Casa» hizo un llamado abierto a las familias de otras parroquias donde laboró el señalado para que se acerquen a la agrupación, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) o directamente a la Fiscalía para presentar sus denuncias y lograr la captura del presunto responsable.

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