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Denuncian nepotismo y corrupción en el concurso de oposición del Poder Judicial del Estado

Según testimonios, existió la filtración previa del examen, favoreciendo específicamente a personas vinculadas al área de presidencia.

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Este pasado jueves se publicaron las listas de personas admitidas en el concurso de oposición para las categorías de secretario de acuerdos y secretario de estudio y cuenta del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, la publicación ha generado fuertes señalamientos de nepotismo y presuntas irregularidades en el proceso.

Diversas voces han señalado como inaceptable que, nuevamente, se repitan prácticas de favoritismo dentro de la institución. Particularmente, se acusa que las dos secretarias particulares del magistrado presidente Arturo Morales Silva, Marcela Alejandre Segovia y Nelly Velázquez Álvarez, aprobaron el examen con calificaciones de 9.8 y 9, respectivamente. Según testimonios, existió la filtración previa del examen, favoreciendo específicamente a personas vinculadas al área de presidencia, al Consejo de la Judicatura y a la Segunda Sala.

Uno de los casos que ha causado mayor indignación es el del hijo del magistrado presidente, Jorge Arturo Morales Sánchez, quien presuntamente facilitó que su supuesta novia, María Luisa Vargas Guzmán, y a otra persona de nombre Pamela Cázares, obtuvieran un lugar en la lista de admitidos. En total, se señala que al menos 28 personas habrían aprobado el examen de secretario de estudio y cuenta, y 7 el de secretario de acuerdos, a través de prácticas fraudulentas.

Ante esta situación, las cerca de 400 personas que participaron en el concurso y no fueron admitidas exigen la anulación del proceso, señalando que muchas de ellas se prepararon exhaustivamente para el examen y cuentan con mayor capacidad que quienes presuntamente accedieron de manera irregular.

Las denuncias han puesto en entredicho la legitimidad del concurso y la transparencia en los procesos del Poder Judicial del Estado, evidenciando una crisis de confianza en las instituciones responsables de impartir justicia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial frente a estos graves señalamientos.

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