Enrique Galindo niega sobrecosto en El Saucito y acusa trabas de la Contraloría Estatal para frenar la licitación

El alcalde Enrique Galindo descarta sobreprecio en el paso a desnivel de El Saucito y denuncia bloqueos administrativos por parte de la Contraloría de SLP.

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, desmintió la existencia de un presupuesto inflado en el proyecto del paso a desnivel de El Saucito. El alcalde atribuyó el retraso de la licitación a una actuación de mala fe por parte de la Contraloría General del Estado, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sugiriera públicamente que la administración capitalina planeaba un gasto excesivo para la ejecución de dicha obra de infraestructura.

Galindo Ceballos aclaró que la Contraloría Estatal carece de facultades legales para calificar los costos o dictaminar los aspectos técnicos de los proyectos municipales, limitándose su competencia únicamente a la validación de las bases concursales. El edil potosino sostuvo que el mandatario estatal cuenta con información errónea e incompleta y calificó como inviable la postura de que el paso deprimido pueda construirse con un fondo de apenas 100 millones de pesos.

Para argumentar la viabilidad financiera del proyecto, el munícipe recordó que gestiones previas ya habían licitado esta misma obra por una cantidad superior a los 250 millones de pesos. El alcalde enfatizó que este monto antecede a las alzas inflacionarias en insumos de construcción, al tiempo que remarcó que la dependencia estatal no ha emitido ninguna observación formal por sobreprecio, lo que deja sin sustento técnico a las descalificaciones vertidas en los últimos días.

La autoridad capitalina detalló que el Ayuntamiento entregó toda la documentación requerida desde el pasado mes de marzo ante los órganos fiscalizadores del estado. Pese al cumplimiento en tiempo y forma, el alcalde acusó que la Contraloría congeló el expediente durante más de un mes sin ofrecer respuesta alguna, para posteriormente emitir una recomendación que obliga a la administración local a reiniciar todo el proceso administrativo desde cero.

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