Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo formalizaron el arranque de su estrategia territorial conjunta para la selección de las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación. A través de un proceso de inscripción unificado que se desarrollará del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, los tres partidos buscan unificar fuerzas en las 17 entidades que renovarán gubernaturas en los próximos comicios.
Sin embargo, la mesa nacional de la coalición determinó congelar momentáneamente la negociación específica sobre la candidatura en San Luis Potosí debido a incompatibilidades normativas internas relacionadas con los perfiles familiares de los gobernantes en turno.
Durante la presentación del acuerdo, la sesión de preguntas evidenció que el panorama político potosino genera fricciones operativas en la alianza. Morena sostiene en sus estatutos una prohibición estricta que impide postular a familiares directos de mandatarios vigentes, una disposición diseñada para combatir el nepotismo dentro de sus filas. En contraste, las representaciones del Partido Verde y del Partido del Trabajo aclararon que dicha restricción no forma parte de sus respectivas normas internas, abriendo la posibilidad teórica de respaldar liderazgos con vínculos familiares directos con el actual ejecutivo estatal.
Ante este escenario, la dirigencia nacional optó por trazar una ruta metodológica en dos etapas diferenciadas. La fase inmediata se concentrará estrictamente en el registro abierto de aspirantes de las tres fuerzas políticas y la posterior realización de encuestas de opinión pública, las cuales se programaron para ejecutarse una vez concluido el Mundial de Fútbol.
La mesa nacional prevé consolidar un máximo de seis perfiles competitivos por estado y recurrir a encuestas espejo para asegurar la transparencia del ejercicio técnico antes de emitir los resultados finales hacia finales de verano.
La secretaria de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, puntualizó que la coalición prioriza en este momento la construcción de la estructura territorial por encima de las designaciones jurídicas electorales. Al calificar el actual despliegue como un proceso político estrictamente organizativo, las dirigencias confirmaron que los detalles finos de los convenios de coalición y el desahogo de las incompatibilidades estatutarias particulares, como el caso de San Luis Potosí, se resolverán en negociaciones posteriores conforme avancen los plazos legales del calendario electoral oficial.
