Silvia Castillo, madre de Alan Ibarra, joven asesinado en 2019, denunció públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial de San Luis Potosí por presunta indolencia, corrupción y la omisión deliberada en la presentación de testigos fundamentales dentro del proceso penal contra los imputados por el crimen de su hijo.
La madre de la víctima recriminó que, a lo largo de más de siete años de exigencia de justicia, las autoridades locales han incurrido en serias irregularidades procesales, minimizando el caso al clasificarlo inicialmente como «homicidio simple intencional», a pesar de la gravedad de las agresiones y de tratarse, sostuvo, de un crimen de odio.
La afectada acusó formalmente a la FGE de argumentar que «no encuentra» a testigos indispensables para el desahogo de las audiencias, entre los que figuran exservidores públicos e integrantes de la corporación ministerial como Mirna Luz Solvera Sánchez, exagente de la Policía Investigadora; José Carmen Cerda Cisneros, extitular de la Unidad de Inteligencia de la Dirección General de Métodos de Investigación; Héctor Araujo y Rafael Segundo Guillén Arteaga, exelementos de la Fiscalía; Fernando Araujo, propietario de un establecimiento comercial con material videográfico clave, y María Adelina «N», arrendadora del inmueble donde ocurrieron los hechos.
Castillo solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que le otorgó representación jurídica extraordinaria, para que ordene la localización de dichos perfiles y, de ser necesario, se viabilice su declaración vía remota. Asimismo, la denunciante remarcó que existe un evidente conflicto de intereses dentro de la causa penal, al señalar coincidencia de apellidos e identidades entre la representación legal victimal asignada en su momento y autoridades de juzgado, como Víctor Olguín Torres y la jueza Elvia Gloria Olguín Torres.
Cuestionó además la sentencia de apenas 20 años dictada previamente contra dos de los implicados, Juana «N» y Óscar «N», a quienes se les retiraron los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y falsedad de declaraciones. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de juicio en contra de Adrián «N» y Víctor Alfonso «N». Aunque la madre de la víctima logró la reclasificación a homicidio calificado, denunció que la falta de presentación de los testigos por parte de la representación social pone en riesgo la obtención de una sentencia condenatoria firme.
Finalmente, Silvia Castillo responsabilizó a la titular de la FGE, Manuela García Cáceres, así como al Poder Judicial del Estado, por la revictimización, discriminación y violencia institucional ejercida en su contra por su condición socioeconómica, exigiendo que se atienda de inmediato el caso para garantizar el derecho a la verdad, la reparación integral del daño y el castigo con la pena máxima a los responsables.
