El dictamen que busca dejar sin efecto las controvertidas reformas al Código Penal del Estado vinculadas al uso de tecnología y la generación de pánico público superó su primer gran obstáculo legislativo. Con un respaldo unánime de siete votos a favor, la Comisión Primera de Justicia avaló el fallo que anula los preceptos conocidos popularmente como «Ley Serrano», abriendo el camino para su resolución definitiva en el Pleno durante la sesión extraordinaria programada para el próximo 30 de julio.
La decisión parlamentaria unificó cuatro propuestas distintas en un solo expediente resolutivo. En este esfuerzo convergieron los reclamos formales presentados por la organización Artículo 19 en conjunto con periodistas locales, además de las iniciativas promovidas por el ciudadano Álvaro Israel Leyva, la legisladora de Morena Jessica Gabriela López y el ejecutivo estatal encabezado por Ricardo Gallardo Cardona.
El alcance técnico de la reforma se detalló por la diputada Leticia Vázquez Hernández, titular de la mesa dictaminadora. La anulación legal impactará de manera directa al artículo 187 Ter y suprimirá por completo el Capítulo V del código, correspondiente a los artículos 272, 272 Bis y 272 Ter, los cuales tipificaban el uso indebido de Inteligencia Artificial para causar alarma. Por el contrario, las normativas que penalizan la filtración no consentida de material íntimo continuarán intactas dentro del marco normativo.
Pese al retiro de esta normativa, el Congreso del Estado de San Luis Potosí no descarta volver a legislar sobre el impacto de las nuevas tecnologías. Tras la publicación del texto en la Gaceta Parlamentaria y el cumplimiento del plazo reglamentario de 48 horas previo a la votación plenaria, la intención del cuerpo legislativo es construir una regulación renovada mediante esquemas de parlamento abierto.
A partir de septiembre se prevé la instalación de mesas de diálogo con colectivos de la sociedad civil, expertos, académicos e instituciones del sector educativo para redactar un marco jurídico adaptado a los principios constitucionales de libertad de expresión.
