Las familias que buscan a personas desaparecidas en San Luis Potosí enfrentan un doble agravio: la ausencia de sus seres queridos y la hostilidad de los propios funcionarios públicos. Guadalupe González Gallegos, coordinadora del Colectivo Buscadoras Cerritos, denunció públicamente que las instituciones gubernamentales incurren en prácticas de revictimización, señalando de manera directa a la alcaldesa de dicho municipio, Ruth Castillo.
Durante el foro «Del dolor a la paz», un espacio de diálogo convocado por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, la activista expuso la falta de empatía y de apoyo real por parte de la administración local. Según el testimonio de González Gallegos, en un encuentro reciente donde el colectivo intentaba plantear las necesidades urgentes del movimiento, la presidenta municipal justificó los casos de desaparición bajo el argumento de que las víctimas estaban involucradas en actividades ilícitas.
Esta postura institucional ha generado una profunda molestia entre las madres buscadoras y activistas de derechos humanos, quienes cuestionan el desempeño de las dependencias públicas si la máxima autoridad municipal valida la criminalización de las víctimas. Para el colectivo, estas declaraciones reflejan el distanciamiento de la clase política, a la que acusan de asumir posturas de supuesta experiencia en la materia sin establecer un contacto genuino ni brindar soluciones a las familias afectadas.
Ante el vacío que deja el Estado, las redes de madres y familiares han tenido que asumir de forma independiente roles complejos que abarcan desde la investigación legal y la antropología forense, hasta el acompañamiento psicológico. La labor de rastreo en campo se sostiene con recursos propios y mediante la solidaridad comunitaria, transformando los colectivos en redes de apoyo mutuo para sobrellevar el impacto emocional de la crisis de desapariciones en la región.
