El Congreso del Estado de San Luis Potosí presentará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un cronograma para realizar las consultas obligatorias a pueblos indígenas y personas con discapacidad, luego de que el máximo tribunal otorgó un plazo de 20 días hábiles para acreditar avances en este proceso.
La presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, aseguró que el Poder Legislativo mantiene una coordinación permanente con la SCJN y descartó que exista un conflicto entre ambas instituciones. Explicó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo para integrar el calendario solicitado por la Corte.
La legisladora señaló que la principal dificultad para concretar las consultas ha sido la falta de recursos económicos destinados específicamente a este procedimiento. Indicó que el área jurídica del Congreso continúa colaborando con la Suprema Corte y precisó que hasta ahora se han realizado cinco reuniones de trabajo, mientras que una sexta se llevará a cabo en los próximos días.
Rocha Medina explicó que el objetivo es diseñar un protocolo que cumpla con todos los criterios establecidos por la SCJN, a fin de evitar que el proceso vuelva a ser invalidado, como ocurrió con ejercicios anteriores.
Asimismo, informó que el Congreso solicitó un presupuesto de entre 15 y 18 millones de pesos para desarrollar las consultas conforme a los lineamientos legales. Confió en que la gestión de los recursos pueda resolverse en el corto plazo para iniciar tanto la organización como la ejecución del proceso.
En relación con el plazo establecido por la Suprema Corte, la presidenta de la Directiva afirmó que el Congreso ha respondido a los requerimientos del tribunal, luego de que la SCJN advirtiera que un incumplimiento podría derivar en sanciones económicas para las presidencias de la Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Finalmente, Rocha Medina sostuvo que el Congreso cumplió con la entrega de la información solicitada por la Corte y aseguró que los trabajos para concretar las consultas continúan conforme a lo acordado con el máximo tribunal.
