Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Familiar del Estado y a la Ley de las Personas Adultas Mayores para incorporar la definición jurídica de “Perspectiva de Persona Adulta Mayor”. La modificación legal se alinea con los criterios vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obligando a que las leyes y las políticas públicas del Ejecutivo estatal se diseñen con un enfoque de inclusión y no discriminación.
La reforma establece dos vertientes esenciales de aplicación obligatoria: por un lado, el proceso de creación y dictaminación de iniciativas de ley en el Congreso y el diseño de los programas del Plan Estatal de Desarrollo por parte del Ejecutivo; por el otro, la resolución de controversias y juicios familiares. Con ello, se busca erradicar barreras normativas u omisiones que obstaculicen el ejercicio pleno de los derechos de este sector poblacional.
En el ámbito judicial, la reforma mandata que toda autoridad juzgadora aplique un enfoque especializado, diferenciado, integral y transversal en los procesos familiares donde intervenga un adulto mayor. Las resoluciones deberán evitar estereotipos vinculados a la edad y considerar las múltiples formas de envejecimiento, evaluando factores como el contexto económico, social, de género, estado de salud, discapacidad y redes de apoyo de cada persona.
Finalmente, en la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado se fijó la obligación para las dependencias públicas de establecer metodologías claras en sus políticas, garantizando que la edad no sea causa de exclusión. Esta adecuación legislativa fortalece el marco de protección social en la entidad potosina, asegurando una atención integral a la población de la tercera edad.
