Un día después de la protesta ciudadana en el Congreso del Estado, la actividad legislativa quedó prácticamente paralizada. Este miércoles no se llevó a cabo ninguna reunión de las 27 comisiones legislativas y la mayoría de los diputados no acudió a sus oficinas en el edificio ubicado en Jardín Hidalgo y Juárez, pese a que durante la manifestación algunos legisladores aseguraron que mantendrían abiertas las puertas para atender a la ciudadanía.
La movilización del martes se intensificó cuando manifestantes ingresaron al recinto legislativo para exigir mayor trabajo y rendición de cuentas, luego de que inicialmente se les negara el acceso y se intentara impedir su entrada con personal de seguridad. Ya en el salón de plenos, los ciudadanos reclamaron la falta de análisis de iniciativas, la ausencia de comparecencias de funcionarios y el rezago que mantiene cientos de asuntos sin resolver.
La jornada posterior reflejó una ausencia casi total de actividad en el Poder Legislativo. El único diputado que acudió al edificio fue Luis Emilio Rosas Montiel, quien sostuvo una reunión privada con un grupo de transportistas cerca del mediodía. No se reportaron sesiones de comisión ni reuniones públicas encabezadas por el resto de los legisladores.
La falta de actividad ocurre en un contexto de cuestionamientos por el desempeño de la LXIV Legislatura, que mantiene más de 200 iniciativas pendientes de dictamen. Durante su primer año de funciones, menos de una cuarta parte de las propuestas presentadas logró completar el proceso legislativo.
A este panorama se suman reformas aprobadas que enfrentan impugnaciones y observaciones legales. Entre ellas destaca la llamada Ley de Inteligencia Artificial, impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de otros decretos que continúan bajo revisión.
También permanece pendiente la resolución de la «Ley Santi», una iniciativa ciudadana en materia de movilidad, cuyo retraso llevó al Tribunal Electoral del Estado a determinar que el Congreso incurrió en una omisión legislativa y ordenarle resolver el asunto en un plazo máximo de tres meses.
Otro de los pendientes corresponde a las consultas obligatorias dirigidas a personas con discapacidad y pueblos indígenas, necesarias para diversas reformas. La propia presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, reconoció recientemente que, en el mejor de los escenarios, solo una de estas consultas podría concretarse antes de que concluya el año.
El contraste con otras reformas aprobadas de manera acelerada ha alimentado las críticas ciudadanas. Iniciativas como la regulación del uso de inteligencia artificial y la reforma electoral que reservó la candidatura a la gubernatura de 2027 para mujeres fueron avaladas en pocos días, mientras otros temas permanecen estancados durante meses o incluso años.
La imagen que dejó el Congreso un día después de la protesta fue la de un recinto sin reuniones de comisión, sin actividad legislativa visible y con la mayoría de los diputados ausentes, en contraste con las exigencias ciudadanas de mayor trabajo, transparencia y atención a los asuntos pendientes.
