Ante las críticas generadas por el nombramiento de Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, señalado como un perfil afín al «Gallardismo«, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sale en su defensa, asegurando que el Congreso del Estado realizó su designación estrictamente con legalidad.
Gallardo Cardona sostiene que el estado requiere «mano firme» en materia de rendición de cuentas y advierte que la autoridad no tolerará malos manejos en municipios ni en organismos autónomos.
La postura del mandatario coincide con la del diputado Héctor Serrano Cortés, quien mantiene la exigencia hacia el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, para transparentar el uso de los recursos institucionales.
«Esperemos que ya con este nombramiento se pueda dar un giro total a investigaciones, a desfalcos, a gente que ha quedado a deberle al mismo pueblo y que hoy tienen que ser llamados a cuenta», afirma.
Sin embargo, las declaraciones del gobernador contrastan con el historial desde el inicio de su administración, pues se ha negado por la vía legal a transparentar los costos y gastos de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), reservando los expedientes hasta por cinco años.
A esto se suman los adeudos pendientes con extrabajadores de Gobierno, así como del Hospital Central, que oscilan hasta más de mil millones de pesos.
Diversos sectores consideran que esta nueva Fiscalía podría operar con sesgo selectivo, enfocado en actuar únicamente contra grupos opositores e incómodos para la administración estatal con miras a la contienda electoral de 2027.
