El reciente incremento a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí fue autorizado sin que existan datos públicos claros y verificables sobre el estado real del servicio, denunció el Colectivo Pedaleando SLP, que acusó opacidad por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
De acuerdo con el colectivo, la dependencia respondió de manera incompleta a una solicitud de información ingresada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que impidió conocer aspectos clave sobre la operación cotidiana del transporte urbano colectivo. La petición, identificada con el folio 241229826000004, buscaba detallar el desempeño del servicio, la supervisión de rutas y unidades, así como los mecanismos oficiales para verificar horarios y condiciones de operación.
La SCT, señalaron, evitó proporcionar información fundamental como la antigüedad del parque vehicular, los horarios y frecucuencias autorizados por ruta, así como manuales o lineamientos internos de supervisión. Tampoco aclaró si existe una programación específica de unidades destinadas a la atención de grupos prioritarios ni entregó documentos que regulen la operación diaria del servicio.
En contraste, la respuesta oficial se limitó a ofrecer cifras generales. La dependencia informó que existen mil 202 unidades registradas con autorización vigente, de las cuales mil 27 se encuentran en operación y 175 están fuera de servicio. Añadió que el 91 por ciento de las unidades cuenta con sistemas de georreferenciación y control de velocidad, y que el 80 por ciento dispone de cámaras de videograbación.
El Colectivo Pedaleando SLP subrayó que su solicitud también incluía conocer las áreas administrativas responsables de la supervisión del transporte, los mecanismos formales para verificar el cumplimiento de horarios y condiciones, así como la documentación administrativa que rige la prestación del servicio. Al no recibir esta información, concluyó que la autorización del aumento tarifario se dio sin transparencia ni elementos suficientes para que la ciudadanía evalúe la calidad y eficiencia del transporte público.
