La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí aparece entre las instituciones con menores capacidades tecnológicas del país, de acuerdo con el estudio “Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México”, elaborado por México Evalúa. El diagnóstico revela que la dependencia potosina solo cuenta con seis de las 14 herramientas analizadas para investigación y seguimiento de delitos.
El informe evaluó a fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República mediante solicitudes de acceso a la información respondidas por 29 entidades. En los resultados, San Luis Potosí quedó al nivel de estados como Colima, Guerrero, Sonora y Tabasco, lejos de entidades como Querétaro y Baja California, que reportaron 13 herramientas tecnológicas, así como Guanajuato, con 12.
Entre las principales carencias detectadas se encuentra la ausencia de sistemas de identificación facial, herramientas para desbloquear teléfonos celulares y tecnología para rastrear direcciones IP. El estudio advierte que estas limitaciones reducen la capacidad de investigación en delitos relacionados con fraude digital, extorsión telefónica o acoso cibernético, ya que la Fiscalía depende de apoyo externo o deja incompletas ciertas líneas de investigación.
El diagnóstico también señala falta de herramientas para realizar análisis masivos de datos y para levantar denuncias directamente en el lugar de los hechos, situación que puede afectar la rapidez y precisión en la integración inicial de expedientes. Además, la Fiscalía potosina omitió responder sobre los sistemas de monitoreo de patrullas ministeriales y cámaras corporales utilizadas por agentes, lo que generó cuestionamientos sobre los mecanismos internos de supervisión y control.
México Evalúa advirtió que en gran parte del país persiste un modelo de investigación basado en expedientes físicos que solo se digitalizan parcialmente, sin integración real entre plataformas tecnológicas y corporaciones policiales. El organismo sostuvo que disponer de computadoras o bases de datos no garantiza investigaciones más eficientes si las herramientas no funcionan de manera coordinada ni cuentan con personal especializado.
El estudio concluye que las diferencias tecnológicas entre fiscalías generan desigualdad en el acceso a la justicia dependiendo de la entidad donde se denuncie un delito. En el caso de San Luis Potosí, el informe describe a una institución con capacidades limitadas, rezagos en investigación digital y áreas de opacidad que continúan afectando la confianza pública.
